El Gobierno publicó ayer su hoja de ruta para bajar el déficit al 3,1 por ciento del PIB, en la que las subidas de impuestos acaparan un protagonismo alarmante.
Frente a los casi 7.500 millones más que Hacienda espera recaudar en 2017, los 900 millones que el Ejecutivo obtendrá de nuevos recortes en la Administraciones son una mera anécdota. En el capítulo del gasto nada se hará el año próximo que sea siquiera comparable con la ofensiva fiscal articulada en todos los frentes: tributación indirecta (alcohol, tabaco y una nueva tasa a las bebidas azucaradas), directa (Sociedades) e impuestos sobre el trabajo.
Si es amplio el abanico de figuras impositivas afectadas, no lo es tanto el que concierne a los agentes económicos entre los que se repartirá el esfuerzo. Indiscutiblemente, Hacienda ha posado su mira sobre las empresas. Es una conclusión obvia, observando cómo los cambios en Sociedades aportarán, por sí solos, casi el 60 por ciento del alza de la recaudación prevista. El propio ministro Cristóbal Montoro reconoció que las grandes firmas encajarán el impacto de los recortes (aún no concretados) en las deducciones por pérdidas en años anteriores o en las que buscan evitar la doble imposición internacional. Pero el golpe también llegará a las pymes y a los autónomos por la elevación de las bases máximas y mínimas de cotización a la Seguridad Social. Si a ello se suma el fuerte alza del salario mínimo interprofesional, puede hablarse de un incremento en toda regla de los costes laborales que, sin duda, pesará sobre unas empresas ya acorraladas fiscalmente y, también, sobre la creación de empleo. Se trata de un alto precio que el Gobierno está dispuesto a pagar, con el único pretexto de no acometer más ajustes del gasto.
