Rajoy está a punto de anunciar el Gobierno que regirá el destino de los españoles durante la próxima legislatura. Una noticia largamente esperada, tanto por los electores como por los mercados, que empezaban a poner en duda la estabilidad de España. Es interesante conocer cómo resuelve la rivalidad entre Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. El primero condiciona su continuidad en el nuevo Ejecutivo a que se vaya el segundo; o a que el presidente le otorgue un puesto de mayor estatus, como sería la vicepresidencia económica.
Montoro es un hombre del PP, al que Rajoy premió con la cartera de Hacienda después de pedirle que ejerciera de portavoz económico en la oposición, entre 2008 y 2011, los años desastrosos de Zapatero. Con Guindos ha estrechado su amistad en momentos críticos. El ministro de Economía describe en España amenazada, su reciente libro, cómo le apoyó en plena negociación del rescate bancario con la Troika.
Guindos consultó con el presidente, tras negarse a aceptar una supervisión de la economía española, más allá de la estrictamente bancaria, por parte de los organismos internacionales. Rajoy respaldó su tesis a través de un SMS, con la coletilla de "España es un gran país" y evitó así el rescate. Un aspecto clave, que le permite sacar pecho frente al resto de sus rivales políticos. Además, Bruselas ha trasladado en numerosas ocasiones al jefe de Gobierno español su satisfacción con el ministro de Economía, su interlocutor habitual.
Guindos aspiraba a seguir en el Gobierno, en la confianza de que podría ocupar la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), pactada con esta institución para dentro de un par de años. Pero el acuerdo lleva implícito que el cargo sea ejercido por una mujer, para cumplir con la cuota femenina. El otro deseo frustrado es el Eurogrupo, ya que su actual presidente, Jeroen Dijsselbloem, maniobra para convertir en permanente su mandato.
El titular de Hacienda también está en el aire. Entre los ministros vetados por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, figuran Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz.
Rajoy dispone de margen de maniobra para mantener a Montoro en el Gobierno, ya que baraja recuperar dos antiguos ministerios, el de Administraciones Públicas y el de Energía y Medio Ambiente.
En paralelo, en la cantera para cubrir las vacantes que se produzcan en el área economía, figura el jefe de la Oficina Económica, Álvaro Nadal, quien haría un buen papel en Hacienda. Asimismo, el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, siempre se interesó por la cartera de Economía.
Tampoco se conoce cómo dirimirá Rajoy en su futuro Gabinete los equilibrios entre la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien se da por hecho que sigue.
La caída del exministro de Industria, José Manuel Soria, que encabezaba el grupo de ministros contrarios a las tesis de la vicepresidencia, la deja en una posición hegemónica. Al parecer, Cospedal ha hecho llegar su interés por la cartera de Interior, ante los insistentes rumores de que podría acabar en Justicia o en Defensa.
Pero poco se sabe del resto de vacantes. Rajoy tendrá que nombrar como mínimo cinco muevos ministros, si se tiene en cuenta que Sanidad, Fomento e Industria están vacíos y se plantea crear otros dos. Ello brinda una oportunidad para introducir nuevas figuras y cambiar el equilibrio de poder y el perfil de su Gabinete, que en líneas generales se caracterizará por la continuidad.
Por otro lado, es conocida la feroz rivalidad con Montoro de los principales responsables económicos de Ciudadanos. Estos no le perdonan la amnistía fiscal, porque consideran que recaudó una pequeña parte de lo exigido en principio. También son muy críticos con la reforma de Sociedades. Los ingresos por este Impuesto se hundieron a la mitad en 2015 en una década (de 45.000 millones a 20.000 millones), pese a que las empresas registran beneficios récord, según le reprochó esta semana en la tribuna del Congreso Francisco De la Torre, de Ciudadanos.
La propia Hacienda reconoce que el déficit atribuido al Estado estaba a finales del verano 8.000 millones por encima de lo previsto, mientras que las autonomías y los municipios cumplían con sus números.
Los 5.500 millones en recortes solicitados por Bruselas en 2017 para cumplir con los objetivos de déficit van a exigir otra ronda de subidas de impuestos en Sociedades, hidrocarburos y, muy probablemente, del IVA.
El otro aspecto en que se incrementará la fiscalidad es en el empleo. La reforma laboral, que Rajoy promete preservar a toda costa, tras la creación de más de un millón de empleos, está herida de muerte. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo obligará a equiparar las indemnizaciones de temporales y fijos.
El portavoz económico de Ciudadanos, Luis Garicano, intentará aprovechar las modificaciones laborales para adaptarse a la sentencia para avanzar hacia el contrato único y el sistema de mochila austriaca, un primer paso para salvar las pensiones. Garicano ya forzó la salida anticipada de Elvira Rodríguez de la presidencia de la CNMV.
El ofrecimiento de Rajoy al diálogo en su discurso de investidura es loable, pero será complicado de llevar a la práctica. Con Ciudadanos no suma votos suficientes, y la amenaza de ruptura del PSOE en dos mitades hace inviable contar con él para las reformas. Está abocado a un acuerdo de legislatura con el PNV, a cambio de cesiones. La bajada de impuestos que prometió es imposible.
