Vaya por delante mi felicitación a los al menos 250 trabajadores de Arcelor Mittal en Vizcaya que llevan meses peleando por conservar su empleo: la fábrica, que en enero anunció el cierre, reabrirá sus puertas. Ahora bien, me queda la duda de si la factoría entrará en funcionamiento de nuevo por la presión de sus empleados (lo dudo), por la disponibilidad de esa plantilla a la hora de ajustar turnos y salarios para adaptarse a un mercado más competitivo (es posible que haya contribuido a ello) o por las subvenciones de dinero público que ha comprometido el gobierno de Vitoria (probablemente, sea el factor decisivo).
¡Qué casualidad que sea el 9 de septiembre, el mismo día en que se inicia la campaña electoral autonómica en el País Vasco, cuando Arcelor Mittal vuelve a abrir sus puertas!
Estamos ante un caso particular, pero podremos encontrar ejemplos de actuaciones similares a poco que rasquemos en el tejido productivo a lo largo y ancho de la geografía española. No se trata de renegar de las subvenciones públicas per se.
A diferencia de las empresas, que deben decidir sus inversiones guiadas por criterios de rentabilidad económica, las administraciones públicas tienen que valorar factores adicionales como el desarrollo de un determinado territorio, las industrias adyacentes que puedan verse favorecidas o la estabilidad social. Pero, si este es el caso de Arcelor Mittal, bien podrían haber tomado la decisión en enero. El poner de nuevo en marcha la fábrica a estas alturas, deja el tufillo sospechoso de la 'compra de votos'.
Y ese es el problema, recurrente, de la política española: que las decisiones se toman mirando más a la clientela y las aspiraciones del candidato de turno que al interés general. Luchar contra el mercado, corre a costa de nuestro bolsillo.
