El análisis de las propuestas electorales que hasta ahora se conocen de los cuatro grandes partidos en materia fiscal y económica no presenta grandes cambios respecto a lo que se prometió en las elecciones del 20-D.
Siendo una repetición de comicios el grueso de los planteamientos es el mismo, aunque alguno como el PSOE se ha deslizado hacia posiciones más extremas con el fin de intentar frenar el avance de la coalición Unidos Podemos, aunque es posible que obtenga el resultado contrario: haciendo promesas de emergencia social el electorado de izquierdas confiará más en el original populista y radical que en el sucedáneo socialista y moderado.
Una de las seis líneas rojas que ha marcado esta semana Pedro Sánchez es blindar el gasto social y comprometerse a erradicar los recortes en el futuro si alcanza la presidencia. El candidato socialista revivirá por tanto las amargas jornadas monclovitas de José Luis Rodríguez Zapatero cuando desde Europa y desde Estados Unidos le telefonearon para indicarle la reducción del gasto social y los recortes en pensiones, en ayudas a colectivos vulnerables y en salarios de funcionarios que debía acometer de forma inmediata. Y lo hizo.
El futuro de un país integrado en la UE no obedece a proclamas idealistas lanzadas en un mitin rodeado de militantes. Más aún: si el PSOE hubiera mantenido el gobierno en 2011 y hubiera dirigido el país en estos últimos cuatro años, su política económica no habría diferido mucho de la aplicada por Rajoy, que evitó la intervención in extremis porque recortó donde la Comisión Europea le dijo que tenía que recortar.
Plantean también los socialistas en política fiscal un recargo para rentas y patrimonios con el fin de poder pagar las pensiones, un nuevo impuesto con forma de "contribución social". Reconocen al fin que el sistema de pensiones públicas está en riesgo, ahora ya se puede decir abiertamente sin temor a ser linchado. Van a crear más de doscientos mil empleos temporales en el sector público en una reedición del Plan E que tan inútil resultó hace ocho años. Y se niegan a que España firme el TTIP, una de esas promesas electorales que se disuelve como un azucarillo al día siguiente de asumir la presidencia del gobierno y los ministerios. Salvo que se convoque un referéndum para avalarlo.
Podemos, que está en condiciones de superar al PSOE y encaramarse a la segunda posición del tablero, pondrá en marcha un Plan de Rescate Ciudadano apoyado en la Ley 25 ya presentada en el Congreso, que incluye una Renta Garantizada, el rescate energético de todos los que no puedan pagar los suministros básicos, y cosas como un centro de servicios sociales por cada veinte mil habitantes. Pablo Iglesias cree que va a poder reestructurar el pago de la deuda y anuncia que creará el impuesto de solidaridad a la banca.
Todo bien adornado con presencias televisivas constantes y con lemas sonrientes y rodeados de corazones. La estimación más realista es que, después de llegar al poder e intentar todo este dispendio con dinero público que no logra ni por asomo la actual y menguante recaudación, Iglesias tenga que emular a Alexis Tsipras cuando dijo esto el día que convocó elecciones anticipadas: "No logramos todo lo que prometimos al pueblo". El acuerdo alcanzado por Atenas con la UE obliga a los griegos a hacer recortes sociales y reformas durísimas en el mercado laboral, reducir y endurecer las pensiones, y realizar privatizaciones que adelgacen el sector público. Eso mismo ocurriría en España con el programa anunciado por Podemos.
Ciudadanos tiene aún que desvelar los detalles de su nuevo programa fiscal y económico pero ya ha dejado caer que, ante el nuevo incumplimiento del objetivo de déficit en 2015, matizará su rebaja de impuestos. Pese a ello, mantiene su filosofía de no subirlos. Si no cambia su criterio, planteará reducir los tramos del IRPF y un tipo único en sociedades.
Y el Partido Popular deja ver igualmente un cierto aroma poco realista al negar rotundamente que vaya a seguir en la senda de los recortes de gasto, algo que exige Bruselas y que el propio Rajoy ha comprometido por carta a los representantes institucionales de la Comisión. Podrá decidir en qué partidas utiliza la tijera de forma que el ciudadano no lo note otra vez en sus propios huesos, pero hará como el resto los ajustes necesarios para que Europa no nos meta de nuevo en la senda de una posible intervención.
Su oferta estrella es la reducción de dos puntos en cada tramo del IRPF, que posiblemente se aplicaría ya en enero de 2017. Es una ecuación mágica que suele funcionar: si bajas los impuestos consigues que las familias dispongan de más dinero y gasten más. La recaudación por IVA mejorará. Y la economía seguirá reactivándose.
