Con el resurgir del clima de campaña electoral, es previsible que vuelvan a aflorar los ataques contra las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) y los supuestos privilegios que ofrecen a los grandes patrimonios para reducir su factura fiscal.
Ante esta situación es comprensible que algunos propietarios de sicavs opten por esquivar la polémica convirtiendo su sociedad en un fondo al uso.
Sin embargo esa vía no puede considerarse una salida, ya que la ley sólo permite el cambio de status de una institución de inversión sin penalización fiscal si ésta tiene más de 500 partícipes. Sólo el 1% de las sicavs cumple este requisito, por lo que la verdadera solución pasa por acabar con la demonización demagógica de un vehículo inversor que, lejos de beneficiarse de prebendas, se somete al mismo régimen fiscal que los fondos de inversión.
