En el fallido debate de investidura del señor Sánchez, Mariano Rajoy reiteró una oferta para la gobernabilidad de España basada en cinco grandes pactos sobre los que construir el consenso político: Pacto por el crecimiento y el empleo, Pacto para la reforma fiscal y la financiación de las Comunidades Autónomas, Pacto social, Pacto por la educación y Pacto para el fortalecimiento institucional. Desde que fui nombrado Ministro de Educación, Cultura y Deporte, la gente que me para por la calle me pide acuerdos, estabilidad y certeza, y así, en mis comparecencias públicas, he venido señalando la importancia primordial que tiene alcanzar un gran Pacto por la educación que la aparte del conflicto político permanente y de los condicionamientos electorales, y la sitúe en el centro del futuro de la Nación. Consulte el especial 10º Aniversario de elEconomista.es
Sin embargo, no hay que buscar un pacto porque sí, el pacto no puede constituir un fin en sí mismo. Hay que decir sí al pacto con unos objetivos determinados. En primer lugar, la certidumbre. A semejanza de nuestra Constitución de 1978, que se hizo sobre la base del consenso y la perdurabilidad, un pacto nacional por la educación debe implicar que cada nuevo gobierno no deshaga lo hecho anteriormente. La segunda premisa del pacto sería tener una vocación de globalidad con el objetivo de alejar la educación de debates y polémicas de corto alcance, como por ejemplo el eslogan LOMCE sí, LOMCE no. La LOMCE es una modificación de la ley anterior y carece de esa vocación de globalidad.
Pero, sobre todo, el objetivo de un Pacto por la educación debe asentarse sobre una serie de condiciones respecto a cuya bondad debe haber un acuerdo compartido. Entre éstas quiero citar: primero, establecer una educación de calidad capaz de formar ciudadanos autónomos, libres y responsables, con las competencias necesarias para integrarse social, cultural y laboralmente. Por eso creo en currículo fundado en la enseñanza en competencias en coherencia con los modelos educativos que imperan en la Unión Europea. Segundo, si el principal capital de una sociedad es el humano, el principal activo de un sistema educativo es el profesorado y su profesionalidad es clave a la hora de aportar valor a la educación. Debemos lograr los profesionales mejor cualificados para aquellos que constituyen el capital más valioso de nuestro país y la garantía de su futuro, nuestros alumnos. Cualquier recurso empleado en los docentes es la más rentable de las inversiones.
Por ello encargué hace unos meses al profesor José Antonio Marina el borrador de un Libro Blanco de la función docente no universitaria para que su texto sirva de punto de partida para el diálogo y la negociación consensuada con todos los sectores del ámbito educativo.
Tercero, quiero destacar la competencia lingüística en idiomas extranjeros como instrumento indispensable de comunicación en un mundo globalizado, pero también como instrumento de integración cultural, social y económica.
Cuarto, en las sociedades actuales del conocimiento, creo indispensable la formación en tecnologías de la información y comunicación para transitar de la era Gutenberg al mundo digital.
Quinto, una enseñanza de calidad es una enseñanza inclusiva, y esto supone que debemos introducir la atención temprana y la detección y atención de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en todos los niveles y etapas de la enseñanza.
Sexto, en una sociedad abierta y solidaria, la convivencia debe ser un elemento fundamental que presida la formación de nuestros estudiantes, la capacitación de nuestros profesores y la vida de nuestros centros: Un plan nacional de convivencia escolar se convierte en un elemento indispensable de un pacto educativo.
Séptimo, la educación debe estar al servicio de la sociedad, de las familias y alumnos, por ello creo en el refuerzo de la autonomía de los centros educativos para que adapten los currículos y estructuras educativas a la realidad de las familias y alumnos a los que atienden.
Octavo, la educación es un derecho de las familias y los alumnos, lo que supone el derecho de elección de centros y modelos educativos. Creo que el modelo actual de enseñanza pública, pública-concertada y privada es válido para satisfacer la demanda de las familias.
Noveno, la profesionalidad del profesorado y la autonomía de los centros hace necesaria la transparencia. Las evaluaciones externas del alumnado, el profesorado y de los centros educativos constituyen un instrumento necesario de mejora contratado en el ámbito internacional. Las familias tienen derecho a estar informadas y a ser orientadas sobre los resultados obtenidos por sus hijos, y las administraciones educativas tienen el deber de conocer y actuar en función de los resultados obtenidos por los centros y por las políticas educativas desarrolladas.
Décimo, quiero apostar por una Formación Profesional de prestigio, integrada en el sistema educativo y laboral que potencie la empleabilidad de los alumnos, adecuándose permanentemente a las necesidades de las empresas por medio de la actualización continua de la oferta de títulos de FP y de las cualificaciones profesionales y donde la Formación Profesional Dual debe tener un papel relevante como sucede en otros países europeos.
He aquí unas ideas y propuestas para el Pacto por la educación que estimo necesario y conveniente para consolidar una España de oportunidades que ofrezca a todos los jóvenes, independientemente de dónde vivan, la posibilidad de formarse adecuadamente; para afianzar una España que permita a todos desarrollar su talento y sus capacidades; para garantizar una España que pueda competir en el mundo globalizado y crear riqueza y bienestar para todos. La educación es la mejor herramienta que tienen los jóvenes para desarrollar su personalidad, para labrar su futuro, y constituye la clave contra la exclusión social. Por ello, lograr ese Pacto nacional por la educación es una ambición que merece la pena.
