Suele decirse, y así incluso lo versó Manrique, que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no tengo tan claro que eso sea completamente cierto, al menos en lo que respecta a las leyes, a la Justicia y a la democracia. Allí donde las leyes se perfeccionan en la protección de derechos y libertades, al abrigo de una Justicia comprometida con su custodia y protección, es donde más garantías de progreso y prosperidad se encuentran, precisamente, el lugar donde se desarrollan las sociedades y las democracias más sanas del planeta. Por supuesto, España se encuentra hoy entre ellas, y si esto es así es porque en el marco de su constitución ha sabido construir un edificio jurídico-normativo suficientemente solvente para afrontar los grandes desafíos abordados como país en estos últimos 40 años. Consulte el especial 10º Aniversario de elEconomista.es
El último, por su dimensión global, la gran crisis iniciada en 2007 que llevó sus devastadores efectos hasta el último rincón de la tierra. elEconomista ya había nacido para contarlo, y desde entonces hasta hoy no ha habido ni un solo día en el que desde sus páginas, de una manera u otra, no se haya puesto en evidencia la relación directamente proporcional existente entre seguridad jurídica y economía, como así se evalúa también por las más prestigiosas instituciones nacionales e internacionales.
Un país con seguridad jurídica es un país fiable, y cuando hay confianza, estabilidad y previsibilidad, se atrae a la inversión, la actividad se dinamiza, el empleo se reactiva, los desequilibrios se corrigen, el bienestar se garantiza y las sociedades avanzan. Es una ecuación sin incógnitas y con resultados testados. España es el mejor ejemplo de que es así, porque el impulso de más de 240 leyes -entre nuevas y reformadas- en tan sólo cuatro años nos han convertido en una nación creíble, y junto a la modélica lección de responsabilidad y sacrificio de la sociedad española, han permitido lo que muy pocos veían posible: superar la mayor tormenta socioeconómica sufrida en generaciones, recuperar su papel de liderazgo en el escenario internacional y fortalecer su posición en las grandes ligas de la economía mundial.
Y si España es hoy un país jurídicamente más seguro, con una administración moderna, predecible y tecnológicamente avanzada, lo es porque el espíritu reformista se llevó también al ámbito de la Justicia, que buena falta le hacía después de décadas enclaustrada en debates eternos y estériles amagos de cambio. Reformas que sólo son la punta del iceberg, pero que han adelantado el inicio de una transformación de la Justicia inaplazable, con nuevas herramientas de gestión, legislativas y procesales con una visión transformadora que va mucho más allá de la mera modernización tecnológica, al plantearse desde una perspectiva integral: de sus modelos organizativos, de sus reglas procesales y normas sustantivas, de su cobertura a los problemas cotidianos y a las nuevas realidades sociales, de sus relaciones con los profesionales de la Justicia, o del blindaje de su régimen de libertades. Esto es así no sólo porque lo diga el BOE, sino porque son los tribunales quienes las aplican ya.
Un nuevo Código Penal para una sociedad más libre y protegida. Una Ley Orgánica del Poder Judicial reformada para una Justicia cercana y más eficiente. Una Ley sólo para las víctimas de los delitos y sus familias o un nuevo régimen que incrementa la protección a las víctimas de accidentes de circulación. Una Ley de Mediación y otra de Jurisdicción Voluntaria que descargan de trabajo a los órganos judiciales. Una Ley de la Segunda Oportunidad que renueva la confianza a los emprendedores de buena fe. Una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar el proceso penal, mejorar las tareas de investigación tecnológica y fortalecer las garantías procesales. O una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil con la que las nuevas tecnologías, al fin, entran en la Justicia para quedarse.
Leyes también que refuerzan nuestras prestaciones normativas internacionales en materia civil y penal, agilizando trámites y facilitando la lucha contra la delincuencia internacional. Reformas ?las más potentes habidas desde la Transición? para combatir la corrupción, otra de las grandes amenazas de las democracias y de las economías libres. Y además, leyes para asegurar nuestro Estado de Derecho fortaleciendo el Tribunal Constitucional, para hacer efectivo algo tan sencillo como que sus resoluciones se cumplan.
Porque para cualquier sociedad, la cultura del incumplimiento consciente de las normas es el anuncio del caos, la anarquía y la ruina, las antípodas de esa gran nación de ciudadanos libres e iguales que es España gracias a una Constitución que nos ha traído el período de prosperidad, libertad y desarrollo más fértil de toda nuestra historia.
Yo también quiero, como recientemente escribía Javier Gomá, una España libre y con compromiso. Libre para seguir construyéndose al amparo de la ley, del Estado de Derecho, de la independencia de los tribunales y de la seguridad jurídica. Y por supuesto, comprometida con una tarea que nos incumbe a todos: perfeccionar nuestras instituciones, ordenamientos y sociedades desde las reformas, para que la Justicia continúe siendo, además de la mejor garantía, la palanca más potente de nuestro progreso. Y elEconomista estará ahí para contarlo.
