El empleo es la mejor garantía de igualdad y cohesión. Esta convicción es la que ha inspirado toda la acción del Gobierno durante los últimos cuatro años, en los que ha dedicado todo su tiempo y esfuerzo en devolver la confianza en nuestro país. El empleo no es sólo una de las mayores preocupaciones de los españoles, como demuestra el barómetro de CIS que conocimos hace sólo unos días, sino que lo es también del Gobierno. Consulte el especial 10º aniversario de elEconomista.es
¿Qué nos encontramos en 2011? Una crisis económica de una intensidad hasta entonces desconocida, la destrucción de 1.500 puestos de trabajo al día, un marco de relaciones laborales extremadamente rígido para empresarios y trabajadores y un sistema de pensiones en número rojos y con un futuro incierto.
España atraviesa una etapa crucial de su historia reciente. La crisis nos ha puesto ante los ojos las debilidades de nuestra economía y nuestro mercado de trabajo. Sería necesario remontarse a 1984, cuando se crea el contrato temporal de fomento del empleo o contrato temporal sin causa, para comprender la arquitectura del mercado laboral español, un mercado laboral rígido y, a la vez, dual, que propiciaba que los ajustes económicos tuvieran un terrible impacto en términos de empleo, vía despidos.
Desde mediados de los años 90 hasta 2006 España experimenta un fuerte crecimiento y es capaz de crear más de 7 millones de empleos. Sin embargo, no se abordaron las reformas necesarias por lo que la estructura normativa e institucional en materia laboral seguía siendo esencialmente la misma cuando los buenos tiempos tocaron a su fin. En definitiva, teníamos un marco de relaciones laborales que situaba el despido como el único mecanismo de ajuste. Esa es la razón por la que España, con deteriores del PIB similares, destruyera más empleo y más intensamente que los países de nuestro entorno.
Entre el principio de 2008 y el final de 2011 nuestra economía destruyó 20 veces más empleo que Francia, 11 veces más que Italia y 6 veces más que Reino Unido. Era urgente abordar una reforma del marco de relaciones laborales para estabilizar un mercado de trabajo herido gravemente. Por ello, la reforma laboral de 2012 modificó en profundidad las principales instituciones del mercado de trabajo, desde la intermediación laboral, hastala formación profesional para el empleo, pasando por la contratación y, sobre todo, potenciando la flexibilidad interna y dinamizando la negociación colectiva. Sus objetivos se centraron, en efecto, en frenar la sangría de parados, favorecer la creación de empleo, y empleo de mayor calidad.
Hoy podemos decir a los españoles que ya se han recuperado más de un millón de empleos destruidos por la crisis y que todo el crecimiento económico se traduce en creación de empleo.
La reforma, según diversos análisis, viene mostrando sus efectos positivos. De acuerdo con el informe país para España de la Comisión Europea en 2016, de no haberse llevado a cabo las reformas mencionadas desde 2012 se habrían destruido 400.000 empleos más y se habría retrasado la creación de empleo.
El Banco de España, a través de su Gobernador entonces Fernández Ordoñez, advirtió que si las medidas desplegadas por la reforma de 2012 se hubieran puesto en marcha al principio de la crisis, hubiéramos logrado salvar un millón de empleos. Igualmente, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) que conocimos hace pocas fechas, concluye que la reforma ha aumentado la probabilidad de salida del desempleo hacia un empleo indefinido, tanto en términos absolutos como relativos frente a la alternativa del contrato temporal.
El balance es positivo. España se ha convertido en el país que más empleo crea de la zona euro tras años de recesión. Esto es así por el esfuerzo de todos los ciudadanos y por una estrategia política que empieza a dar sus frutos. Una estrategia política y de reformas que también se ha dirigido a proteger el principal pilar de la cohesión social en España: el Sistema público de pensiones.
La importante caída del empleo repercutía gravemente en la Seguridad Social. Este Gobierno afrontó también ese desafío y aprobó el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, medidas que garantizan la sostenibilidad de nuestro sistema. Gracias a ello los pensionistas han recuperado más de 2.000 millones de poder adquisitivo desde 2014. Además de las medidas que garantizaran la sostenibilidad, se abordaron otras destinadas a mejorar la protección social como el complemento de maternidad. Desde el 1 de enero de 2016, las madres con dos o más hijos, se benefician de un incremento en la cuantía de su pensión hasta en un 15 por ciento en función del número de hijos. Ya hay más de 17.000 beneficiándose de él. Esta es la medida de apoyo a la familia más importante de la democracia y convierte a España en pionera, por ser el primer país después de Francia que adopta una medida similar.
Durante estos 10 años El Economista ha sido testigo junto a la sociedad española de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia. Una crisis que nos ha puesto a prueba pero que también nos ha permitido comprobar la fortaleza de nuestro Estado de Bienestar.
En estos 4 últimos años el Gobierno de España ha querido mirar a la realidad de frente y afrontar los problemas. Pero hay que seguir trabajando.
España sigue teniendo un proyecto y ese proyecto se llama 20 millones de empleos que permitan certificar que la crisis ha quedado definitivamente atrás. Para ello necesitamos un Gobierno moderado y estable, apartar la incertidumbre y perseverar en las políticas que permiten avanzar en el crecimiento económico y la creación de empleo.
