En la economía, como en muchos otros asuntos, no podremos cambiar nuestro modelo sin alcanzar amplios acuerdos. Si queremos seguir teniendo un excelente sistema sanitario público y asegurar el poder adquisitivo de nuestras pensiones, dado el envejecimiento de nuestra población, serán necesarios niveles crecientes de gasto, y por tanto requiere que la economía crezca. Consulte el especial 10º Aniversario de elEconomista.es
Desgraciadamente, el crecimiento económico que ha tenido España durante los años de la burbuja inmobiliaria y financiera ha estado basado en el aumento de los recursos empleados, y no en la productividad. La solución para conseguir un crecimiento más sano, más sólido y sostenible es lograr que nuestras empresas y nuestros trabajadores sean más productivos y que produzcan más riqueza con el mismo trabajo. Para ello no sirven atajos simplistas como "aumentar el gasto público en 100.000 millones" tal y como propone Podemos. Una economía poco productiva no lo será más porque nuestro ineficiente Estado gaste 100.000 millones más al año. Pero en este momento tampoco nos sirve el tancredismo de Rajoy de dejar las cosas como están.
Mejorar la productividad requiere dos cosas. En primer lugar, hay que invertir en innovación y mejorar el sistema educativo. En segundo lugar, debemos conseguir un sistema institucional transparente, justo y basado en el mérito. El acuerdo de gobierno reformista que hemos alcanzado en las últimas semanas pone su énfasis en estos temas: educación, formación e innovación, por un lado, y mejora institucional, por otro. Planteamos una serie de medidas que creemos que, de ponerse en marcha, no sólo harán de España un país más democrático y más justo, sino también un país más productivo, y capaz de hacer frente a los retos del futuro.
Comencemos por la educación. Ser productivos requiere que seamos líderes en conocimiento y en generación de ideas, igual que lo somos en la sanidad en el deporte. La productividad mejora cuando somos capaces de innovar, de producir con más valor añadido. Desgraciadamente, todos los indicadores internacionales muestran que nuestro sistema educativo deja mucho que desear a todos los niveles. Es un sistema burocratizado, con programas de estudio amplísimos y muchísimos deberes, pero todo ello rutinario, memorístico y poco atractivo.
Hay que aumentar el prestigio, el reconocimiento social y la calificación docentes. Nuestro objetivo es aumentar de forma sustantiva la autonomía, la rendición de cuentas y la competencia entre centros. Pensamos además que hay que mejorar la carrera de los docentes introduciendo un MIR para profesores que tan buen resultado ha dado en la sanidad.
En cuanto a las universidades, debemos dinamizar su esclerótica estructura, mejorando la gobernanza e incentivándolas a que mejoren su calidad docente e investigadora. En el acuerdo proponemos que las universidades que más se esfuercen en conseguir la empleabilidad de sus alumnos y las que mejor investiguen reciban una financiación adicional.
Por otro lado, necesitamos unas instituciones limpias, justas y transparentes. El cambio institucional es crucial, en primer lugar, sin duda por razones de higiene democrática. Las redes clientelares puestas en marcha por los partidos tradicionales, al margen de los principios de mérito y con una visión patrimonialista del estado son un obstáculo para el funcionamiento de todo el sistema democrático.
Pero la asignación de recursos basada en el enchufe y el contacto es además un obstáculo crucial para un modelo económico capaz de crear riqueza y el bienestar para todos los españoles.
Una de las causas clave de la baja productividad ha sido la mala asignación de recursos que hace que los que crecen no son los que mejor hacen las cosas, sino los más enchufados. Los mejores cálculos sugieren que esta mala asignación de recursos puede haber costado 5.000 euros por español al año, más del 20 por ciento de nuestro PIB. Mejorar la productividad requiere una estructura institucional limpia y transparente, en la que la corrupción no sea la forma de conseguir contratos.
En el acuerdo hay una serie de medidas que creemos pueden ser cruciales para desmontar estas redes clientelares: eliminación de las opacas e ineficientes diputaciones, protección de los denunciantes, castigo del enriquecimiento injusto de los funcionarios o cargos públicos y un nuevo procedimiento público y neutral de nombramiento de todos los cargos (CGPJ, RTVE, TC, CNMV, CNMC). Obviamente, la lucha contra la corrupción nunca acabará, pero es indudable que el acuerdo provee de herramientas nuevas y útiles para luchar contra ella.
En definitiva, el acuerdo por un gobierno reformista y de progreso pretende crear un modelo productivo capaz de sostener nuestro estado del bienestar. Las críticas partidistas de ambos extremos del arco parlamentario consisten en descalificarnos como de izquierdas o de derechas y se han instalado en el reparto de vicepresidencias y ministerios. La actitud de Pablo Iglesias y de Mariano Rajoy no parece estar a la altura de los enormes retos a los que se enfrenta España. Esperamos que en el curso de estas semanas podamos llegar a un entendimiento amplio para llevar a cabo las reformas urgentes que necesita nuestro país.
