El número de fusiones y adquisiciones durante el mes de enero fue de 106 empresas, la menor cifra en tres años. La salida de capitales se aproximó a los 72.000 millones, por primera vez en varios ejercicios; el consumo crece a buen ritmo, aunque la confianza de los ciudadanos en el futuro comienza a ceder. El desempleo subió en febrero también por primera vez en ese mes de los dos últimos años. El Ministerio de Trabajo, que dirige Fátima Báñez, lo interpreta como un síntoma de incertidumbre política, mientras que la patronal aún no ve rastro de deterioro.
Pueden quedarse con la interpretación que más les guste, pero comienzan a aparecer los primeros signos de que las cosas no marchan como estamos esperamos. Todavía no hay que sobresaltarse, como explicó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, pero si la actual inacción se prolonga, poco a poco la actividad se paralizará.
Lo explicaba muy bien Ángel Ron, presidente del Banco Popular, en la entrevista publicada esta semana en elEconomista. Ron asegura que sus clientes están retrasando las decisiones de compra hasta ver qué pasa. Advierte, además, de que la mejora del consumo conocida hasta ahora puede ser engañosa, ya que corresponde a decisiones tomadas a finales del año pasado.
El tiempo corre y cuanto más se tarde en formar Gobierno, más cortos serán los plazos para hacer los ajustes que pide Bruselas. Los políticos de PP, PSOE o Ciudadanos han ido en peregrinaje a la Comisión Europea para pedir que el recorte del objetivo de déficit al 2,8 por ciento se retrase al menos un año. La Comisión, como revelaba este viernes en elEconomista su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, no tomará una decisión hasta mayo. Antes quiere conocer el color del nuevo Ejecutivo y sus planes de futuro.
El precio a pagar, según reconocen todos los políticos, será asumir alguna medida adicional de austeridad. Aquí está uno de los nudos gordianos que imposibilita las alianzas de izquierda. PSOE Y Podemos no pueden entenderse (al margen del mal rollo existente entre sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, respectivamente), porque ambos defienden un incremento del gasto público próximo a 100.000 millones. Un plan incompatible con las exigencias europeas, sobre todo, si quieren buscar su indulgencia para el déficit.
Pedro Sánchez apartó a la secretaria de Empleo de su partido, Mari Luz Rodríguez, de la mesa de negociación con C?s y eso posibilitó el compromiso. La propuesta que presentaron los socialistas era una derogación completa de la reforma laboral, que pasaba tanto por la reinstauración de los convenios colectivos como de la ultraactividad de éstos. Su objetivo era provocar un aumento de sueldo para reactivar el consumo y la actividad económica. Se trata, por lo visto, de un compromiso secreto de Sánchez con Cándido Méndez a cambio del apoyo de UGT.
La subida de los honorarios de los empleados de la construcción alrededor del 4 por ciento a la par que el sector se desplomaba, fue uno de los detonantes de la profundidad de la crisis económica que hemos vivido.
El buen sentido de Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas y coordinador del programa electoral del PSOE, sirvió para rebajar el tono del texto del acuerdo. De manera, que los convenios de empresa siguen prevaleciendo sobre los colectivos, sobre todo cuando la sociedad está en dificultades.
Algo similar ocurrió con la discusión de la política fiscal. Los socialistas renunciaron al impuesto de grandes fortunas, a la par que aceptaron poner un límite de un millón de euros a los impuestos de sucesiones y donaciones o una congelación del IRPF para las clases medias. Aún así, tanto el complemento salarial propuesto por Ciudadanos como la renta mínima del PSOE suponen un gasto de 7.000 millones anuales, que los propios negociadores reconocen que no saben cómo se financiará. Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. El resultado es un pacto de buena voluntad, que difícilmente se podrá aplicar.
Desde Podemos, ante la imposibilidad de aceptar el acuerdo y de sentarse con C?s, se ofrecieron a negociar su abstención en la investidura. A cambio exigían miles de millones en financiación extra para los ayuntamientos y las autonomías en los que mandan. El partido de Rivera advirtió a Sánchez que por ahí no pasaban. Eso explica los insultos y pataleos de Pablo Iglesias contra Sánchez y el expresidente Felipe González en el debate de investidura.
Descartado el pacto por la izquierda, queda por la derecha. Mariano Rajoy comienza a arrepentirse de no haber aceptado someterse a la investidura, porque ha permitido que Sánchez le arrebate el pacto con Ciudadanos, su socio natural. En C?s admiten que estarían más cómodos en un acuerdo con el PP, pero después de los últimos escándalos de corrupción, condicionan cualquier diálogo a la salida de Rajoy.
El presidente se enroca, sin embargo, en su palacio. Argumenta que marcharse ahora sería como reconocerse culpable de todos los males de su partido. Se defiende con que tanto los casos de corrupción de Valencia como los de Madrid provienen de la etapa de José María Aznar, que dejó la casa hasta arriba de basura. Por eso, el exvicepresidente Rodrigo Rato es utilizado como cabeza de turco del PP contra la vieja guardia de la formación política.
Rajoy elude su responsabilidad en el caso Bárcenas. Muchos sospechan, además, que participó en el reparto de sobres de dinero negro entre la alta dirección del PP en tiempos de Aznar. Pero eso no se puede comprobar. Como le dijo Rajoy a Sánchez en el debate televisivo previo a las elecciones: ?¿Por qué me acusa? Si yo ni estoy imputado ni he sido llamado a declarar?.
Lo cierto es que mientras sea presidente es muy difícil que sea llamado a declarar o imputado, como ocurrió con Felipe González. Así que, para muchos en su partido, cualquier entendimiento de Sánchez y Rajoy pasa por un pacto de silencio en estos asuntos. De hecho, Sánchez no mencionó la corrupción en su investidura, ni la supresión de las diputaciones, otra línea roja de Rajoy.
El PP se está desplomando en los sondeos electorales. Hoy, apenas sacaría un centenar de diputados. La presión sobre Rajoy es enorme. Una alternativa a su retirada sería un equipo de consenso. Los nombres de Javier Solana y Luis de Guindos, así como el de José Manuel García Margallo vuelven a sonar. Curiosamente, los tres tienen buen cartel en Europa que, como hemos visto, tendrá que dar su visto bueno para relajar los objetivos de déficit a cambio de endurecer las reformas.
Pedro Sánchez perdió la investidura y no se atisba un acuerdo de Gobierno por ninguna parte. Pero comienzan a sentarse las bases para forzar un diálogo, porque ni a PP, ni a PSOE, ni a Ciudadanos les interesa ir a otras elecciones. La economía, además, no aguntaría la prolongación de la incertidumbre si el resultado es un rompecabezas similar y en Europa son conscientes de que no podemos permitírnoslo.
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