Con la llegada de las elecciones, los gestos electorales por parte del Gobierno a los ciudadanos no paran de aumentar. A la rebaja del IRPF que se llevó a cabo en verano o a la reducción de la factura de la luz en un 2%, se une ahora una nueva medida que pretende ganar un puñado de votantes.
En esta ocasión, se trata de una norma que beneficiará a los particulares y, especialmente, a las pequeñas y medianas empresas. El Ejecutivo está a punto de aprobar una orden por la que la Agencia Tributaria permitirá a los contribuyentes solicitar aplazamientos o fraccionamientos de deuda de hasta 30.000 euros -actualmente esta cantidad se sitúa en los 18.000 euros-, sin tener que presentar ningún tipo de aval para ello.
Además, para 2016 el tipo de interés de demora que rige estas operaciones bajará del 4,375% al 3,75%. Aunque el contribuyente consigue ganar margen para pagar sus deudas pendientes sin correr ningún tipo de riesgos, se trata de una norma positiva para muchas pequeñas empresas.
Entendemos que la mejora de la situación económica permite elevar los avales, pero el riesgo que se corre de que los retrasos terminen en impagos es elevado. Teniendo en cuenta que queda poco más de dos meses para las elecciones , los posibles impagos tendrán que ser asumidos por el próximo Gobierno.
Si el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretendía mitigar la situación de asfixia financiera vivida por empresas y particulares en los últimos tiempos, debía haber llevado a cabo esta medida en los años más crudos de la crisis y no en el momento de descuento de la legislatura y con el trasfondo que implican los comicios en diciembre. y con unas cuentas aún sin sanear por completo.
