
Tengo escrito que la inmigración es el mayor reto de la Unión Europea. En mi última tribuna sobre este drama me preguntaba si sabrá estar a la altura. Hasta el momento la respuesta de la UE ha sido demasiado lenta y, por lo mismo, poco efectiva. Los ciudadanos advierten la urgencia de la cuestión adelantándose a los políticos. La principal preocupación de los europeos, según el Eurobarómetro, es la inmigración, antes en un cuarto lugar tras los problemas económicos. Los dirigentes no pueden seguir ignorándola por más tiempo. El presidente de la Cruz Roja Internacional lamenta la apatía con la que Europa se enfrenta a su mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. El dramático aumento del número de migrantes y refugiados llegados a nuestro continente en las últimas semanas era esperado y previsible. Las alertas fueron claras y denuncian la indiferencia de la comunidad internacional al permitir que se generara la crisis.
Este año han llegado a la Unión Europea casi 350.000 inmigrantes y refugiados. Unos 225.000 cruzaron el Mediterráneo procedentes, sobre todo, de Somalia, Congo y Eritrea, etc. Otros 125.000 llegaron a las islas griegas, en su mayoría huyendo de las guerras de Siria y Afganistán. Han muerto 2.400 en lo que va de año en la travesía. Algo que debería indignar igualmente a los países de origen que no hacen apenas nada para colaborar con la UE. Más de un millón espera su turno en el norte de África y Turquía. El flujo es interminable y no parece tener fin. Ni Grecia, con enormes problemas económicos, ni Serbia, Italia o España son el destino final. Muchos quieren llegar a Alemania y a los prósperos países nórdicos como Suecia, o a Gran Bretaña, por lo que miles esperan en Calais para infiltrarse por el Eurotúnel.
El dilema de Europa es compartir los beneficios de sus Estados cumpliendo así su compromiso de solidaridad con quienes sufren persecución y violencia, o cerrar las fronteras. Es una disyuntiva que hasta ahora no se ha podido resolver con una política común. Cada Estado miembro se sigue enfrentando al problema a su manera. Los movimientos en contra de los extranjeros ganan terreno en la mayoría de los países. En varios de ellos se discute el endurecimiento de las leyes para controlar a los inmigrantes ilegales aun a sabiendas de que muchas migraciones son forzosas para salvar la vida.
En Francia e Italia los indocumentados reciben salud y escolaridad. Y así ocurre en Gran Bretaña, pero allí el Gobierno prepara una norma que sancionaría (incluso con la cárcel) a quienes arrienden viviendas o den trabajo a ilegales. En España se eliminó la atención de urgencia sanitaria el año 2012 a medio millón de ilegales y se establecieron castigos para quienes los ayuden a permanecer en el país. En Holanda sin permiso de residencia no pueden salir de los centros de acogida.
También en Alemania los indocumentados tienen escasos derechos. Sin embargo, albergará este año la cantidad récord de 800.000 solicitantes de asilo, multiplicando casi por cuatro la cifra del año anterior, cuando acogió a 202.000 refugiados.
Francia y Gran Bretaña acaban de llegar a un acuerdo para atender el Eurotúnel. El incremento de la seguridad ha logrado reducir la cifra de intentos de cruce de 1.700 a unos 200 por noche. Se prevé asimismo crear un centro común de "comando y control" para luchar contra las redes de traficantes y coordinar acciones conjuntas. Es positivo aunque no basta con el mero blindaje.
Por su parte, países como Hungría -que acelera la construcción de una valla- y Eslovaquia -que rechaza a los musulmanes- son claramente discriminatorios con los refugiados.
La situación más grave se sigue dando en los países mediterráneos. Macedonia, candidato a la adhesión de la UE y mayor punto de tránsito de migrantes del Egeo que se dirigen al norte, se ha visto obligada a declarar el estado de emergencia en su frontera septentrional, con Serbia, y meridional, con Grecia. Unas 44.000 personas han pasado por su territorio en los últimos dos meses.
La UE ya ha aprobado fondos por un total de 2.400 millones de euros para ayudar a los países miembros que acogen a migrantes. Es insuficiente. Puede y debe hacer más y mejor. Y, sobre todo, la UE tiene que adoptar una política común de inmigración, una política solidaria donde se repartan las cargas y en la que se amplién los medios legales, es decir el espacio para recibir a la inmigración legal. No es solo una obligación moral. Para mantener su bienestar, Europa necesita a los inmigrantes y ofrecerles un futuro digno es la máxima prioridad.