El Gobierno busca propiciar un ahorro de 500 millones para el sistema sanitario por la vía rápida. En concreto, el borrador del nuevo Real Decreto sobre Precios y Financiación de Medicamentos rescata una propuesta, ya intentada en 2012, que afecta a los medicamentos prescritos para dolencias leves, y que resultan, por tanto, los más comunes.
En concreto, si la medida sale adelante, los pacientes tendrían que sufragar completamente el precio de venta de la aspirina, el paracetamol o el almax, y no sólo el 50% como ahora ocurre (dado que la mitad restante la financia el Estado).
Llama la atención que el Ejecutivo se decida por una medida como ésta, que afecta a fármacos de consumo usual, en un momento en el que, ante la cercanía de las elecciones, ha querido forzar un giro social en sus políticas. Dicho movimiento ha inspirado decisiones como adelantar la segunda parte de la reforma fiscal o impulsar una bajada del 2,2% del recibo de la luz.
Sin embargo, el (limitado) impacto de esas medidas en las familias bien puede verse borrado por el efecto que tendrá para ellas el aumento del desembolso que llevan a cabo en los medicamentos más básicos. Sin embargo, la mayor incoherencia radica en que el necesario esfuerzo de ahorro que debe llevarse a cabo en el sistema sanitario se hace recaer prácticamente en exclusiva sobre sus usuarios.
Estos últimos ya sufragan la mitad del precio de medicamentos como el paracetamol cuando acuden a la farmacia y de sus bolsillos también salen los pagos a la Seguridad Social; no es descabellado, por tanto, que puedan seguir disfrutando alguna compensación, mientras se exploran vías para reducir la factura sanitaria como la reducción del muy abultado número de hospitales existente.
