El cierre de la desaladora situada en Escombreras amenaza con salirle muy caro al Gobierno de Murcia (y, por tanto, a sus ciudadanos), mientras constituirá todo un beneficio para la constructora que la puso en pie, ACS. Diseñado al calor del boom urbanístico, el proyecto inicial pasaba por suministrar agua al macrocomplejo urbanístico Novo Cartagho que iba a ubicarse en la costa murciana.
En la actualidad, la macrourbanización de 10.000 viviendas no existe y la planta desaladora presenta una pérdidas anuales de más de 13 millones que ofrecen razones de peso para que el Gobierno regional esté estudiando ya su cierre. Sin embargo, lo que constituiría una reacción lógica ante un problema claro de falta de viabilidad (ocho años de funcionamiento lo demuestran), se complica de una forma inaudita debido a los términos desproporcionados en los que ACS logró que se redactara el contrato.
En particular, la constructora se aseguró el pago de 500 millones de euros hasta 2034 en concepto de explotación. En 2012, Murcia, una de las autonomías que se encuentra en mayores dificultades financieras, dejó de pagar; el contrato preveía como respuesta una indemnización de 559 millones que ahora ACS reclama, engordándolos, hasta los 600 millones. Resulta inexplicable la magnitud de estas cifras teniendo en cuenta que el coste en el que incurrió la constructora que preside Florentino Pérez no pasó de los 125 millones.
Una vez más, Pérez demuestra que hay que tener cuidado con la letra pequeña de sus contratos con la Administración, como manifiestan también las maniobras, legales pero cuestionables, desplegadas respecto al almacén Castor o en la construcción del AVE a Francia.
