El Gobierno emprende lo que denomina un "giro social" en su política en el momento, en apariencia, más propicio para desplegar estímulos económicos que, de paso, permitan recuperar votos.
Con la economía creciendo casi un 4 por ciento, y un colchón adicional en la recaudación de 20.000 millones, un análisis superficial permitiría concluir que no hay ningún riesgo en elevar las pensiones, aumentar el salario mínimo o reactivar la obra pública. Sin embargo, el denominador común de todas esas medidas estriba en que muestran efectos de largo alcance que se desarrollarán durante varios años. Y los que tiene por delante la economía española no son sencillos. Es previsible que el PIB desacelere en 2016 (el Gobierno espera un avance del 2,9 por ciento), mientras que los exigentes objetivos de reducción del déficit público serán los mismos. Aumentar ahora el gasto público supone comprometer el reto de reducir esos números rojos al 4,2 por ciento del PIB este año y seguir menguándolos hasta el 0,3 en 2018. Del mismo modo, implica creer que la actual creación de empleo continuará por inercia y que no necesita de refuerzos, como políticas activas de empleo y reducción de cotizaciones que el "giro social" ignora por completo, como también cierra los ojos al deterioro estructural que sufre el sistema público de pensiones. Su déficit sólo puede empeorar con la "revalorización" que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría reconoció que está en estudio. Los guiños electorales que el Gobierno baraja aprovechan la recuperación, pero hipotecando su futuro, con el propósito de camuflar, ante los votantes, la falta de voluntad de acometer cambios de calado (más allá de la salida programada de un ministro) en el Ejecutivo y en el PP.
