La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, abandonó ayer el Ayuntamiento de Valencia después de más de dos décadas al frente de la corporación municipal, al igual que la de Cádiz, Teófila Martínez, o la capital de España, donde los populares gobernaban desde hace un par de décadas. Media docena de grandes corporaciones municipales cayeron en manos de la izquierda gracias al apoyo dado por Pedro Sánchez a Podemos y a otros partidos de su cuerda. El giro denunciado por Mariano Rajoy la semana pasada se cumplió a rajatabla. Sánchez se echa en brazos de quien sea con tal de evitar que gobierne el PP.
Los socialistas consideran que si pactan con los populares pasarán a ser considerados miembros de la casta y correrían el riesgo de desaparecer en las próximas generales frente la amalgama de grupos de izquierdas aglutinados en plataformas ciudadanas.
Pero la estrategia es cuestionable, porque sus electores, cuando vean que su voto es utilizado para aupar al poder a la izquierda con planteamientos extremistas, probablemente opten la próxima vez por elegir a estos partidos radicales o por quedarse en casa. Lo razonable hubiera sido permitir que gobernara la lista más votada, en lugar de fundirse en un abrazo con una amalgama de formaciones que son sus principales enemigos, y buscan a toda costa su desaparición.
El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, estampó esta semana su firma en un documento de seis puntos en el que ni siquiera se menciona su principal promesa electoral, la bajada generalizada de tributos municipales, sobre todo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Todo lo contrario. El citado memorándum propone en su tercer punto "penalizar la acumulación de vivienda con fines especulativos". Aunque matiza que será "dentro de las competencias municipales", todo apunta a que se gravará a los dueños de pisos en alquiler para atacar esta actividad "lucrativa".
Me pregunto dónde quedará la recuperación del mercado inmobiliario después del paso de Manuela Carmena por el Consistorio. Aún peor, la nueva alcaldesa defiende en el punto sexto de este documento "revertir a la ciudadanía las plusvalías" de los grandes proyectos urbanísticos, que pone en revisión. La Ciudad de la Justicia, la Operación Chamartín, la remodelación del edificio Torre España o el hotel con que soñaba Villar Mir en la Puerta del Sol quedan en agua de borrajas. Carmona debería dimitir si aún le queda algo de dignidad. La nariz le crece como a Pinocho.
La economía de la Comunidad Valenciana, una de las más castigadas por el despilfarro en la crisis, entrará en barrena si el nuevo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pese a su fama de moderado, cumple con el Pacto del Botánico y crea una Agencia Tributaria propia y un banco público. ¡Como si no tuvieran bastante con el colapso de Bancaja y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo!
Más acertado estuvo Ciudadanos, que en Andalucía, por lo menos, pactó una bajada de impuestos con la futura presidenta, Susana Díaz, y en Madrid rebajó sus exigencias sobre las primarias para facilitar la llegada de Cristina Cifuentes. Un golpe bajo para Pedro Sánchez que hizo de su candidato, Angel Gabilondo, una apuesta personal. El partido de Albert Rivera cosechó menos votos de lo que vaticinaban las encuestas, probablemente por las declaraciones sobre su proximidad al PSOE que realizaron sus dirigentes en vísperas de los comicios.
Mariano Rajoy prepara una remodelación esta misma semana para combatir este complicado panorama. Como adelantó elEconomista, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría perderá poder como castigo a sus maniobras en el caso Rodrigo Rato y con las teles privadas.
El objetivo es vender los éxitos económicos del Gobierno, frente a la amenaza que representan las locas propuestas de las formaciones de izquierda. La vicepresidenta puja para colocar como portavoz al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al que aupó para este cargo y con anterioridad como portavoz del grupo popular en el Congreso.
Los cambios no pueden limitarse a la portavocía, sea quien sea el elegido. Deben suponer una auténtica regeneración de su política y de sus protagonistas, comenzando por la vieja guardia del Partido Popular.
La designación del ministro de Industria, José Manuel Soria, como hombre de confianza para las televisiones provocó la ruptura con la estrategia de Santamaría. La relación con los dueños de las televisiones privadas es inexistente e irrecuperable de aquí a los comicios. El PP se plantea incluso dejarlos fuera de la adjudicación de las nuevas cadenas, lo que arreciará las críticas al Gobierno. Rajoy debería replantearse toda la comunicación, con el anuncio de proyectos que devuelvan la ilusión a los ciudadanos, y no sólo con las apelaciones al voto del miedo y a la buena marcha de la economía.
