España ha asistido esta semana al desenlace de una intervención bancaria completamente atípica. Banco Madrid se encuentra ya condenado a la desaparición, después de que el Departamento del Tesoro estadounidense marcara a la cúpula de su matriz, BPA, como sospechosa de haber llevado a cabo operaciones de blanqueo de capitales. A la espera de cómo se desarrolle la investigación, lo que está claro es que miembros de su directiva no han sido en absoluto ejemplo de buenas prácticas.
Tal y como este diario revela hoy, Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado de BPA y de su filial española, mantiene vínculos con testaferros ligados a la trama Gürtel, a través de la sociedad Silkinvest que tiene domiciliada en Panamá. Prats se encuentra en prisión desde el pasado sábado, a la espera de dirimirse sus responsabilidades.
Mientras, el caso ya ha tenido dos derivadas difícilmente previsibles hace apenas una semana. Por un lado, el Gobierno andorrano aún lucha por mantener a flote BPA, la entidad directamente señalada por EEUU; sin embargo, la filial española, que no aparece en el informe americano, se encuentra en proceso de liquidación. Éste, una vez iniciado, debe resolverse de la forma más eficiente y rápida posible.
No cabe escudarse en el pequeño tamaño de Banco Madrid y el escaso efecto de su desaparición en el sistema bancario en su conjunto. La manera en que se ha conducido la operación ha puesto de manifiesto la disparidad de criterios entre Economía y el Banco de España, al tiempo que tiene repercusiones sobre la reputación del sector en su conjunto.
Queda pendiente también una justificación de los motivos que hicieron necesaria la rápida, e inesperada, caída de Banco Madrid.