La resolución ordenada de Banco Madrid socava el futuro de su matriz Banca Privada d'Andorra (BPA) con alto riesgo de abocarle a seguir el triste camino de la filial y acabar desapareciendo.
El Gobierno del Principado sostiene aún hoy el interés de encontrar dueño al grupo o, incluso, reflotarlo para preservar su clientela, la plantilla y la propia entidad, cuya solvencia es envidiable, y pese a las durísimas denuncias de Estados Unidos de que algunos de sus gestores aceptaron millonarias comisiones para facilitar el blanqueo a través de los circuitos de BPA. Pero la verdad es que sus denodados esfuerzos -el Ejecutivo ofreció el grupo al resto de bancos del país- se dan de bruces con escollos difíciles de salvar.
La pérdida de la joya de la corona no es menor. En fuentes del sector la consideran uno de los principales atractivos de BPA, por cuanto abría ubicación a un mercado de natural expansión para el sistema financiero andorrano como es España, una economía basta y con amplio espacio para desarrollar la banca privada.
Y en segundo término, Banco Madrid garantizaba salto de escala para entidades tan pequeñas, en la medida que gestiona 6.000 millones de euros de clientes. En condiciones normales, fácil hubiesen marcado un precio solo para la subsidiaria de 200 a 400 millones de euros. A falta de conocer qué hará el juez de lo mercantil, la moneda parece estar echada y la liquidación se vislumbra como la solución más plausible para el banco español, fundado en 1930 como Banca Suñer y que antes de llegar a manos de Banca Privada d'Andorra en 2010, fue propiedad de Banesto, Deutsche Bank o Kutxabank.
Las autoridades andorranas encaran un segundo inconveniente, si cabe, superior. Las imprevisibles represalias de Estados Unidos ahuyentan a cualquier comprador. En la interlocución con la autoridad antiblanqueo del Tesoro americano (FinCEN) cabe pensar que el Gobierno del Principado intentará clarificar el alcance de sus medidas porque difícilmente alguien quiere hacerse cargo de una firma que le expone a una sanción indeterminada, sin mencionar el riesgo de "heredar" operativas o clientela mal analizadas.
Una marca sin valor
En el sector se da por seguro que BPA correrá la misma suerte que la filial, salvo un compromiso de Estados Unidos de archivar la investigación, toda vez que solo su difusión ha surtido la mayor pena que puede imponerse a una entidad: su valor, para los accionistas, es ya cero. "La marca está invalidada y el consejo inhabilitado para ser gestores de nada", subrayan en el mercado.
El escenario se abre así sumamente desafiante para un Ejecutivo, el andorrano, de reciente elección, y que ni siquiera se ha conformado de forma oficial. Será este próximo lunes cuando se constituirá el Parlamento, y ya tiene sobre su mesa el mandato de elaborar una normativa para resolver, liquidar o reflotar a uno de los cinco bancos de la pequeña economía. Hasta ahora, y pese a su rauda intervención, el Gobierno se encontraba atado de manos para resolver la situación, al carecer de un marco legal que dé soporte a su actuación y no exponerse a querellas por las medidas que adopte con BPA.
La denuncia de Estados Unidos, que gigantes como Commerzbank, HSBC, BPN Paribas o ING Group encajan con milmillonarias provisiones, refuerzos de sus controles internos y depuración de los malos gestores que aprovechan sus circuitos para delinquir, puede aniquilar la marca BPA. En banca privada es más fácil fichar a sus gestores para atraer clientela que comprar en bloque algo tan manchado por la sospecha de facilitar el blanqueo.