España vuelve a estar de moda. La inversión inmobiliaria superará este ejercicio los 10.000 millones y mejorará por segundo año consecutivo lo gastado en 2007, el último año del boom. Si alguna vez pensó que la crisis cambiaría el modelo de crecimiento, se equivocó.
El sol y no las probetas o los laboratorios siguen siendo nuestro mayor atractivo inversor. La famosa frase de Miguel de Unamuno que "¡inventen ellos!" en su polémica mantenida con José Ortega y Gasset sobre la europeización de España o la españolización de Europa es más cierta que nunca. "Inventen, pues, ellos y nosotros nos aprovecharemos de sus invenciones. Pues confío y espero en que estarás convencido, como yo lo estoy, de que la luz eléctrica alumbra aquí tan bien como allí donde se inventó", diálogos de Unamuno en El pórtico del templo.
Dado que el turismo, el sol y la playa serán por siempre las mejores cartas de presentación, es urgente aprender de los errores pasados. Martinsa-Fadesa aprobó esta semana su liquidación definitiva, incapaz de hacer frente a una deuda superior a los 4.000 millones. Su propietario, Fernando Martín, firmó la compra de la inmobiliaria a Manuel Jové sin la realización de la conveniente auditoría en profundidad para certificar la calidad de los solares e inmuebles que compraba. Un acto similar al que suscribieron miles de pequeños propietarios que se endeudaron hasta los dientes sin pensar si podían afrontar los pagos.
El mexicano Carlos Slim presentó una oferta para hacerse por el control de Realia, que valora la inmobiliaria presidida por Ignacio Bayón en 180 millones, menos que la torre KIO en la que tiene su sede, en la madrileña plaza de Castilla. "No sé qué hacer con este hombre", dijo Esther Koplowitz de Bayón, cuando se dio cuenta que estaba prácticamente en la ruina. Las Koplowitz (madre e hija) escaparon de la quiebra, pero a punto estuvieron en caer en las fauces del especulador George Soros, que hubiera troceado el grupo para exprimir su valor.
Sintieron un gran alivio por el acuerdo con Slim, aunque haya sido a cambio de perder el control de FCC. Los banqueros habían encargado a Juan Béjar que achicara el tamaño del grupo aún a costa de vender a precio de derribo, como hizo en los últimos meses. Así se explica que la primera actuación de Slim haya sido parar los pies a Béjar para intentar salvar los muebles.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, lucha a brazo partido contra la banca y la mayoría de las constructoras para no quedarse con la deuda de las autopista de peaje quebradas que su antecesor, Francisco Álvarez Cascos, construyó con la garantía de la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA).
Un negocio redondo, de alrededor de 5.000 millones, que regó de beneficios las cuentas de resultados de las grandes constructoras y que ahora pretenden devolver al Estado para que se haga cargo de las deuda creciente, generada por la mala marcha del negocio.
El último exponente de esta artimaña es la conexión del AVE con Francia, otro negocio ruinoso en el que la española ACS y la francesa Eiffage quieren traspasar los 428 millones del coste de su construcción a los ciudadanos de ambos países, gracias a la interpretación perversa de la dichosa RPA.
Hace unas semanas, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría forzó la dimisión del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega. El exdirigente felizmente cesado pujaba por adjudicar a toda prisa las obras del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) a una empresa de Florentino Pérez. El Gobierno se anticipó para evitar que se produjera un nuevo Castor. El almacén de gas ubicado frente a las costas de Castellón, por el que Industria tuvo que indemnizar con 1.400 millones a una sociedad participada también por Florentino Pérez.
El cementerio de Villar de Cañas no contaba aún con los estudios y certificados pertinentes para su construcción, lo que habría obligado a revisar su coste como ocurre con el Castor. El precio final de esta obra casi se triplicó desde los 600 millones iniciales, pese a quedar inservible para su uso como almacenamiento de gas. El Tribunal Supremo de Madrid paralizó la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu, que Florentino Pérez quiere realizar sobre una zona verde, porque el Ayuntamiento de la capital, dirigido por Ana Botella, aceptó permutar los terrenos por otros ubicados a las afueras, con un valor tres veces inferior a los del Bernabéu, según el juez. Un grave perjuicio para el patrimonio de los madrileños.
Se entiende la lucha que libraron constructores como Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero o el propio Fernando Martín para presidir el Real Madrid. Florentino reparte pases VIP entre clientes, políticos, reguladores de mercado y periodistas para pagar a cambio de su silencio y su aquiescencia. ¡Que inventen ellos y nosotros a lo nuestro! Qué razón llevaba Unamuno.