En lugar de efectuar estímulos monetarios e inyecciones de liquidez mediante compras de activos, como se solicita incesante y erróneamente al BCE desde diversas atalayas (parece que con éxito), para combatir la escasez o lentitud con que responden la actividad, el crecimiento y el empleo en su proceso de recuperación, deberíamos apuntar o mirar más bien a la actuación y políticas de nuestros gobernantes, autoridades o grupos asociados beneficiarios.
Y es que son las políticas de incremento o mantenimiento de gastos; de crecientes injerencias, intervenciones y burocratización de las actividades, acuerdos y contratos corrientes de las personas; los enormes déficit y pufos (facturas y proveedores impagados durante décadas y por cuantías de miles de millones de euros o desvíos de fondos de diversa índole o procedencia para fines propios y corrupción extensa); y un endeudamiento rampante y asfixiante para las economías domésticas y empresas, son -digo- todas estas conductas y medidas las que realmente producen tal ralentización y crean obstáculos para que la actividad económica y el empleo despeguen, al menos en la cuantía y con el vigor que esperamos los ciudadanos de nuestros propios esfuerzos.
Somos los ciudadanos quienes hemos realizado los ajustes pertinentes en estos cinco últimos años, acertadamente ejercidos y manifestados en nuestro menor endeudamiento, aunque no sólo, mientras políticos, gobernantes y representantes han mantenido buena parte de sus gastos generales, muchos de ellos inútiles, ineficientes y relativos a momios y prebendas que, por cierto, benefician a muchas personas y organizaciones de todo tipo que viven de un erario público que sufragan el resto de ciudadanos con sus esfuerzos, ingenios, trabajos e ideas.
Éstos apenas suman 16,9 millones de ocupados según la última EPA, de los que habría que deducir 2,9 millones que trabajan para el sector público, y todo ello para un total de 46,6 millones de residentes.
Sin duda, nuestros gobernantes han eliminado o reducido gastos de determinadas partidas, pero ello no ha resultado en una disminución del gasto total. De hecho, salvo una reducción en 2011 respecto del año anterior, el gasto público total en términos nominales ha seguido subiendo en estos años de restricciones para unos ciudadanos que sí veían minorar sus rentas o ingresos totales, nominales y reales.
Por desgracia, el Programa de Estabilidad para 2014 enviado por el Gobierno a Bruselas el pasado 30 de abril muestra que nuestros gobernantes no piensan reducir el gasto, ni disminuir un ápice las cargas fiscales -mucho menos la presión fiscal o recaudación-, tratando de alcanzar los objetivos de déficit público, incluso con pretensiones más ambiciosas de cumplimiento, lo que me parece buena señal, mediante una esperada mejora de la recaudación tributaria, asentada sobre el mayor crecimiento y auge de la actividad.
Tanto desde una perspectiva técnica o económica como política, las previsiones enviadas por el Gobierno a Bruselas mantienen cierta robustez o credibilidad para los años 2014 y 2015 y así pudo intuirse de la comparecencia ante la prensa de los ministros de Economía y Hacienda. Considerando, pues, ese límite temporal de final de legislatura, las previsiones que corresponden a Economía parecen bastante ajustadas y prudentes, dentro de un marco de supuestos (tipos de interés y de cambio, inflación, crecimiento internacional o precios del crudo) bastante razonables manteniendo las expectativas actuales y sin sobresaltos inesperados.
Por esto, las previsiones de crecimiento parecen alcanzables, quedando pendiente cómo se comportará el empleo y la población activa en los próximos trimestres. Mi percepción es que lo mejor está por venir en la segunda parte del año, aunque poco a poco y sin cambios bruscos.
Las propuestas y perspectivas sobre cuentas públicas, en las cifras y en las respuestas a la prensa, sin embargo, no se correspondieron con el discurso halagador del ministro de Hacienda que prometió el típico "no más impuestos", con la coletilla "que no vengan obligados por Bruselas", y a partir de ahora puesta en orden de las cuentas reduciendo gastos y mejorando la eficiencia. Pero el propio Programa de Estabilidad reconoce que el gasto público de 2014 (44 por ciento del PIB) aumenta respecto de lo inicialmente previsto o presupuestado (42,3 por ciento) y mantiene sus niveles (43%) en 2015. ¿Seguro que no habrá desviaciones o "flexibilidad" en medio de varios procesos electorales?
Las claves, finalmente, nos las dan las previsiones de ingresos. Como se utiliza la trampa de las etapas o fases, que no se aplicó para las subidas ni para las nuevas figuras implantadas, resulta que las prometidas reducciones en el IRPF y en Sociedades apenas supondrán un pequeño recorte sobre los incrementos de 2012 y 2013.
Mientras tanto, se mantienen o refuerzan las subidas de cotizaciones aplicadas hace pocos meses; se establecen o elevan impuestos medioambientales; se introducen impuestos sobre los activos financieros; se subirán impuestos locales (IBI) y se estudia introducir impuestos sobre la riqueza inmobiliaria (tenencia o posesión), si bien creo que este puede ser un asunto electoralista y retirarse para que veamos la magnanimidad de nuestros gobernantes. Así pues, y por si acaso, el crecimiento no basta, se mantiene hasta 2016 el varapalo impositivo.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.
