Las medidas que se adoptan son más aparentes que efectivas. Ningún responsable político toma el problema en serio.
El nivel de corrupción que aflora en España exige una respuesta contundente que no dan ni el Gobierno ni el resto de partidos políticos. En España hay 1.700 causas abiertas en los tribunales por este motivo, alrededor de 500 imputados y se estima un coste de unos 40.000 millones. Ningún partido se libra de esta lacra y todos se limitan a pronunciar palabras grandilocuentes, que al traducirlas en hechos pierden toda eficacia a pesar de que poseen herramientas y conocimiento para combatirla. El origen se focaliza en los concursos públicos, que despiertan en algunas empresas, sindicatos y organizaciones empresariales la tentación de saltarse las reglas del juego. Las mordidas, que se dan a cambio de obtener licitaciones de forma fraudulenta o los incrementos artificiales del precio de adjudicación, engrosan las arcas de partidos, organizaciones sociales, funcionarios y particulares.
El último ejemplo de la tolerancia existente con prácticas corruptas lo constituye la reforma de los cursos de formación realizada por el Ministerio de Empleo tras los casos de fraude descubiertos en toda España. El proyecto que se negocia con patronal y sindicatos, que mantienen el control que ya tenían sobre la formación, no establece controles para atajar el fraude y sólo 30 de los 1.700 millones del dinero destinado a este fin se licitarán libremente. Se cambia todo para que todo siga igual en aras de la paz social. Aunque hay elecciones europeas, los candidatos no hablan de este asunto. En el origen de la crisis, además de causas económicas directas, hay un elevado nivel de corrupción, que destroza la competencia y las instituciones.
Nuestro problema es que ningún responsable político quiere acabar realmente con la corrupción, aunque digan lo contrario.
La corrupción viaja en Alta Velocidad
