El fantasma de la corrupción también se subió al AVE. La Guardia Civil detuvo ayer a nueve personas por facturas infladas y pagos irregulares por trabajos que no se realizaron en la Alta Velocidad a su paso por Barcelona. El fraude, cometido en la etapa de Magdalena Álvarez, puede alcanzar los seis millones de euros, un sobreprecio que supuestamente cobró Corsán. Esta operación empaña los esfuerzos para vender la Marca España y pone en entredicho la forma de actuar de algunas empresas que utilizan métodos ilegales para conseguir contratos y burlar la competencia. Los tribunales deben revisar a fondo lo sucedido y exigir responsabilidades sobre el uso de un dinero que ha salido del bolsillo de todos los contribuyentes.
