Rajoy es una víctima de su política: la falta de reformas en profundidad frena la recuperación. Las elecciones posponen unas privatizaciones y dejan en vía muerta a la mayoría.
El cuadro de previsiones presentado esta semana por el Gobierno confirma el escenario que describía en este espacio la semana pasada. La recuperación de la economía está en marcha, pero no será lo suficientemente sólida para que el ciudadano la perciba en esta legislatura. La tasa de desempleo puede bajar un par de punto de aquí a finales de 2015, pero un porcentaje inferior al 20 por ciento no lo veremos hasta 2018. Mariano Rajoy tendrá que confiar en la buena voluntad de sus votantes para la reelección, en lugar de en los hechos.
La reforma laboral redujo al 1 por ciento el umbral de crecimiento para generar empleo, pero éste no se creará en cantidades suficientes hasta que la economía no alcance un ritmo de crucero superior al 2 por ciento, para lo que habrá que esperar también a después de 2015. La propaganda mediática apoyada desde La Moncloa intenta trasladarnos un optimismo excesivo.
El semanario británico The Economist describía la semana pasada de manera certera la situación española. Según The Economist, el problema de los países de la periferia europea, como el nuestro, es que las reformas acometidas han sido leves o sin la suficiente profundidad, lo que ahora impide levantar de nuevo el vuelo con facilidad.
Muchas veces he citado aquí la falta de una verdadera redimensión de la Administración Pública. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presume de volver a crear empleo público, hasta ahora se jactaba de haber suprimido cerca de 400.000 puestos de trabajo públicos durante la crisis. Pero la mayoría de ellos son empleos interinos, que estaban sin consolidar. Sigue prácticamente intacto el número de tribunales de cuentas, de defensores del pueblo autonómicos, por no mencionar las universidades o las empresas públicas. Ni una sola facultad echó el cierre, pese a la falta de alumnos.
Los sucesivos gobiernos desde la Transición hasta ahora han creado un maquinaria pública gigantesca y difícil de financiar. La única manera de acelerar la creación de empleo sería reduciendo las cotizaciones sociales. Bruselas señalaba esta semana que ello crearía 330.000 empleos adicionales. Pero ello no es posible porque en España la recaudación fiscal aporta sólo el 37 por ciento del PIB, mientras que el gasto público supera el 43 por ciento. Así es imposible reducir la presión fiscal sobre el ciudadano.
España es uno de los países con menor imposición indirecta, el IVA, y con mayor carga sobre el empleo. Por eso, la receta de la Unión Europea es ir subiendo el IVA para posibilitar una rebaja de otros gravámenes, como cotizaciones sociales.
La paradoja es que no es posible, porque un alza del IVA frenaría en seco el consumo, que es el principal motor de la recuperación, y en el que confía el Gobierno para tirar del carro en los próximos ejercicios, ya que el sector exterior disminuirá su aportación al PIB a medida que aumenten las importaciones.
Montoro descarta subir el IVA en estos momentos, con buen criterio, por lo que su rebaja de impuestos queda supeditada a la evolución de los ingresos fiscales. Si estos suben poco a poco y de forma lenta y tortuosa, como se presume, la esperada reducción impositiva tendrá que hacerse esperar.
Rajoy es presa de su falta de vigor reformista y de las fuertes alzas impositivas acometidas por su ministro de Hacienda en estos años, que ahora le impiden despegar a velocidad de pájaro, en lugar de tortuga.
Para el Gobierno, antes del recorte de las cotizaciones sociales, está el del IRPF, básicamente porque las personas votan y las empresas no. La recuperación se retrasa porque la bajada de impuestos no se podrá acometer hasta que se recupere la demanda interna y, por ende, los ingresos tributarios. Una especie de círculo virtuoso en que la principal víctima es el propio Ejecutivo, por no acometer las reformas a tiempo.
El Gobierno tomó decisiones valientes como la reforma eléctrica, que amenazaba con descarrilar el déficit público, pero se ha dejado otras en el tintero. Una de ellas es la privatización. Los comicios pospusieron los planes de venta de Aena, la empresa nacional de aeropuertos, o de algunas líneas de Renfe, y la falta de voluntad política ha dejado en vía muerta la venta de las participaciones industriales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), como Red Eléctrica o Enagás. Aquí el inconveniente es otro, la Sepi necesita cobrar los dividendos para financiar las pérdidas de RTVE, una de las corporaciones públicas en que los ajustes de plantilla brillan por su ausencia.
El Ejecutivo defiende con la boca chica el liberalismo, pero luego se apunta al nacionalismo económico. Las antiguas cajas de ahorro, los socios españoles de Deoleo, acaban de rubricar un acuerdo parasocial a fin de preservar la españolidad del grupo aceitero por presión del ya exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. La presión oficial a los bancos como Popular, Sabadell o CaixaBank fue también imprescindible para mantener en pie Pescanova, uno de los bastiones empresariales gallegos.
Donde Rajoy estuvo más tibio fue en la defensa de la independencia de Repsol frente a la ambición de los mexicanos de Pemex por dividir la compañía. El ministro de Industria, José Manuel Soria, firmó de prisa y corriendo un memorando para hacer las paces con la argentina YPF, que apenas contenía garantías de cobro. Pero finalmente Antonio Brufau logró rubricar el acuerdo argentino y poner la proa a los mexicanos de Pemex, hasta el punto de que podrían marcharse. El último golpe de autoridad del presidente de Repsol es el nombramiento de Josu Jon Imaz como consejero delegado. Una designación que llevaba tiempo hibernada y que es el testamento del presidente de la petrolera líder española para cuando decida marcharse, su heredero.
Sorprende lo espabilados que son los políticos para defender las empresas públicas, cuando las que crean riqueza y tiran del carro son las privadas. Por eso aconsejo ponerse el casco y seguir en la mina: la rebaja de impuestos empresariales se hará de rogar, llegará tarde y eso lastrará la velocidad de la recuperación de la economía española. Felipe González estimó en 25 años el tiempo que requería para implantar a pleno rendimiento su modelo y Rajoy lleva camino de necesitar otros tantos.
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