Salvo Cataluña, las otras cuatro comunidades incumplidoras han rechazado acometer nuevos ajustes estructurales.
Los gobiernos autonómicos de Valencia, Murcia, Andalucía, Cataluña y Baleares deberían de enfrentarse en los últimos meses del año a la ardua tarea de reducir su déficit. Salvo Cataluña, que necesita recortar en 300 millones el suyo, el resto confían en que las medidas ya adoptadas surtan el efecto deseado para conseguir los límites asimétricos establecidos por Hacienda. Un voluntarismo político cuyo final, como el de las malas películas, se puede anticipar antes de que concluyan. Confiar en la recuperación económica y en una mejora de los ingresos fiscales como principales bazas para reequilibrar las cuentas, constituye una irresponsabilidad consentida que está condenada a acabar en desastre, es decir, en incumplimiento prácticamente generalizado.
No solo supondrá tirar por la borda los desiguales esfuerzos realizados por los gobiernos regionales, sino que obligará a ampliar nuevamente en el tiempo el objetivo de déficit.
El ministro Cristóbal Montoro, principal responsable de este desaguisado, aportará su particular grano de arena al permitir que los funcionarios vuelvan a cobrar este año la paga extra.
Esta relajación general parece haber contagiado al propio Gobierno, que sigue sin ofrecer pistas precisas sobre los ajustes aún pendientes de llevar a cabo. La simplificación, que no reducción, del número de contratos laborales supone un buen ejemplo de ello. De forma que no solo sabemos cómo acabará la mala película del déficit autonómico, también estamos en disposición de anticipar que el FMI recuperará su discurso para pedir al ineficaz Montoro que intervenga aquellas comunidades que no cumplen, haciendo uso de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
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