La deuda pública aumentó en 6.368 millones al término de junio, de forma que el pasivo acumulado por las Administraciones Públicas ya alcanza 943.702 millones, el 90,3% del PIB.
Un mal dato sin paliativos, que roza peligrosamente el objetivo fijado por el Gobierno para el conjunto del ejercicio (91,3%).
El menor ritmo de emisiones anunciado por el Tesoro para el segundo semestre del año puede ayudar a alcanzar un objetivo prioritario.
Sin embargo, el Gobierno no puede dejar al albur de los mercados la solución de un problema mayúsculo, que tiene sus orígenes en el mantenimiento de una estructura administrativa y local sobre la que todavía no se ha actuado, entre otras razones por la alta contestación sindical que tendrá.
