El contexto fiscal será cada vez más exigente y agresivo para las empresas transnacionales.
La crisis económica, con la consiguiente caída de los ingresos fiscales, ha generado una inquietud creciente dentro de las Administraciones de los Estados avanzados. Uno de los focos de atención se ha dirigido hacia los grupos multinacionales y las estructuras implementadas por éstos con supuestos fines de optimización fiscal, como es de ver en las múltiples noticias aparecidas en los medios acerca de los impuestos pagados por ciertos grupos internacionales en países en los que tienen una presencia relevante, o en las declaraciones de diversos gobernantes, como el presidente Obama, que cita con relativa frecuencia que en un solo edificio de las Islas Caimán hay registradas unas 18.000 empresas.
Fruto de esta sensibilidad, las Administraciones de las economías más relevantes del mundo han venido reaccionando con una panoplia de variadas medidas. La más reciente de ellas es el informe de la OCDE dado a conocer el pasado mes de febrero sobre erosión de bases imponibles y deslocalización de beneficios. Su objetivo confesado es poner coto a ciertas estructuras y técnicas que, en opinión de la OCDE, vienen implementando ciertos grupos multinacionales, tales como la creación de altos niveles de endeudamiento para beneficiarse de la deducibilidad fiscal de los intereses correspondientes o la concentración de una parte relevante de sus beneficios en compañías situadas en países de reducida tributación que poseen los activos intangibles más valiosos (marcas, patentes, etc.) asociados al negocio. Según la OCDE, dichas ventajas fiscales generan incentivos perniciosos al desarrollo de las actividades económicas, desviando recursos hacia ciertos tipos de financiación de las empresas o su localización en determinados países. Ante ello, el organismo recomienda un esfuerzo coordinado de las Administraciones fiscales de todos los Estados y una revisión de las leyes internas de los países y de los tratados fiscales entre ellos, ya que se han quedado obsoletos ante la evolución de la economía, con la creación de cadenas de valor globales y la primacía de los medios electrónicos. Antes de dicho informe, la propia OCDE, así como la Unión Europea y los Gobiernos y tribunales de las principales economías mundiales (entre ellos, los de España) ya habían venido mostrando su sensibilidad creciente en esta materia. La Comisión Europea publicó en marzo de 2011 una propuesta para la creación de una base imponible consolidada común aplicable a los grupos multinacionales con presencia en varios países europeos. Entre otras medidas, dicha propuesta contempla que la tributación en cada Estado deba realizarse con base en unas reglas de reparto objetivas consistentes en el número de empleados, activos y facturación del grupo en cada país, sin prestar atención a la política de precios de transferencia seguida dentro de éste. Por otra parte, la OCDE publicó en junio de 2012 un borrador de informe relativo a la valoración de los activos intangibles utilizados dentro de grupos multinacionales que, entre otros aspectos, señala que no basta con que una compañía asuma los riesgos y costes derivados de su desarrollo para considerarse titular de los mismos, sino que es necesario que asuma también las funciones más relevantes relacionadas con dicho desarrollo a través de sus propios empleados. Asimismo, la OCDE ha promovido la firma de acuerdos de intercambio de información por los que los países de más baja tributación se comprometen a proporcionar datos con trascendencia tributaria a otros Estados. Ya en España son destacables algunos pronunciamientos recientes de nuestros tribunales confirmando regularizaciones practicadas por Hacienda en relación con estructuras implementadas por grupos foráneos a través de la figura del "establecimiento permanente", mediante la cual una parte de los beneficios de sociedades constituidas en el extranjero son sometidos a tributación en España. O, por otra parte, la reciente creación de la Oficina de Fiscalidad Internacional destinada a fiscalizar la tributación de grupos multinacionales en España.
A la luz de todo lo anterior, puede concluirse con relativa certeza que los grupos multinacionales están destinados a vivir en un contexto cada vez más exigente y de agresividad creciente en su fiscalización por las Administraciones de los diferentes estados, ante lo que será clave probar la coherencia empresarial, más allá del terreno fiscal, de sus estructuras societarias y operativas.
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