Los rescates están a la expectativa de la decisión que tome en Alemania su Constitucional. España va a necesitar apoyo financiero.
El verano toca a su fin y con ello vuelven las incertidumbres. La ausencia de noticias y la disciplina de los líderes europeos, que han aprendido a no contradecirse a cada minuto, dio una tregua en las tensiones de los mercados. Sin embargo, los viejos fantasmas no han desaparecido: sólo se habían marchado de vacaciones. Bien lo sabe el primer ministro griego, Antonis Samarás, que ayer recibió un incierto "ya se verá" a su petición de lograr dos años más para acometer los ajustes de boca de la canciller Angela Merkel. La misma respuesta que le dará hoy el presidente francés, François Hollande.
Es injusto que después de que los europeos prometieran a Samarás que, si lograba la victoria en las pasadas elecciones, obtendría mejores condiciones, ahora intenten darle la espalda. Pero Merkel no puede comprometer un euro más para Grecia, cuando aún no está garantizado el dinero para España o Italia. Y es que todo está pendiente de la decisión del Constitucional germano sobre el nuevo mecanismo de rescate europeo, que deberá pronunciarse a mediados de septiembre.
Hasta Mario Draghi podría retrasar el anuncio de las condiciones que el Banco Central Europeo (BCE) pondrá para la compra de bonos españoles e italianos, en principio prevista para el 12 de septiembre.
¿Por qué es tan importante la sentencia del Constitucional? Obviamente porque Berlín es el principal financiador del futuro fondo de rescate, dotado con medio billón de euros. Un no daría al traste con toda la operación. Pero entre bambalinas se vislumbra la posibilidad de que el Alto Tribunal recomiende someter la decisión a un referéndum entre los alemanes, ya que no existe precedente sobre una aportación constante a una unión monetaria. El referéndum obligaría a posicionarse a todos los partidos a favor del euro. El SPD apoya incluso la emisión de eurobonos. El resultado, en el supuesto de ser favorable -como vaticinan la mayoría de los sondeos-, serviría para acallar de una vez por todas las críticas del Bundesbank a los planes de Draghi para socorrer al sur.
Por supuesto, supondría un respaldo importante para los planes de Merkel y de su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, en favor del euro, que tropiezan con permanentes presiones en contra provenientes tanto del ala dura de su partido, la CSU, como del banco central.
En espera del veredicto, los Gobiernos despliegan lo más sofisticado de sus tácticas para retrasar las decisiones. El Ejecutivo de Rajoy se escuda en que no conoce la magnitud de la ayuda del BCE para postergar la negociación de los compromisos que está dispuesto a asumir. Si la adquisición de bonos de deuda es masiva, Rajoy acelerará las reformas y acometerá más ajustes. Si, por el contrario, el apoyo es tímido, la contrapartida será menor.
Nadie oficialmente lo reconoce, pero al Gobierno no le salen las cuentas. Existen muchas dudas acerca de que el incremento del IVA vaya a aportar los alrededor de 20.000 millones previstos por Cristóbal Montoro, así como sobre la amnistía fiscal, con la que se esperaba recaudar 2.500 millones, o sobre el desvío en el déficit de la Seguridad Social. Eso por no hablar de la prima de riesgo, que encarecerá en otros 8.000 millones el coste de la deuda sólo durante este ejercicio.
España va a necesitar apoyo financiero tanto del actual fondo de rescate como del nuevo mecanismo. Bruselas quiere cerrar antes los requisitos para el saneamiento del sector financiero, que se negocia en estos días.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, se vio obligado a filtrar esta semana a varios medios el borrador del proyecto para demostrar a Bruselas que acata las exigencias más polémicas, a las que el Gobierno se resistía: la liquidación de entidades y las quitas de las participaciones preferentes. La última de las capitulaciones después de dejar que toda la banca quede bajo supervisión europea.
Uno de los motivos de estas reticencias es que entre las antiguas cajas a liquidar está Novagalicia Banco. La decisión podría coincidir con las elecciones gallegas, que Alberto Núñez Feijóo planea convocar para finales de año. Otro de los candidatos al cierre es CatalunyaCaixa. Lo que faltaba para limar las asperezas del entendimiento con los catalanes.
De Guindos pretendía zafarse con la excusa de que el Banco de España tiene ya poderes para cerrar bancos. Pero Europa pidió que quedara recogido expresamente en el real decreto. A cambio, el ministro se reserva todo el poder de control sobre el Fondo de Reestructuración Bancaria (Frob). Parece que aprendió la lección de los últimos meses: si hay que tomar decisiones difíciles, es mejor no dejar ningún cabo suelto.
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