A punto de concluir el primer semestre del cuarto año de esta crisis severa y corrosiva, parece haberse demostrado sobradamente que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ni ha sido ni es precisamente el principal aliado de las reformas necesarias y urgentes que aún reclama España, no sólo para paliar los efectos de la crisis, sino para afrontarla y superarla.
De hecho, y en contra de la general recomendación de analistas, expertos e instituciones, el Gobierno se mantuvo impasible hasta mayo de 2010, con un resultado por todos conocido: el déficit público se había disparado por encima del 11% (a cierre de 2010 se redujo al 9,2%), el gasto público corriente ha mantenido su senda alcista, la inversión pública productiva se ha desplomado, el tejido empresarial se ha reducido en más de un 13%, el colectivo de autónomos ha descendido en casi un 10%, la capacidad productiva del país ha regresado a niveles de 2004 y el desempleo se ha instalado en el 20% de la población activa.
Desde mayo de 2010, cuando el Gobierno anunció ciertos recortes y su intención de acometer por fin las reformas pendientes, la verdad es que sólo ha emitido indicios vitales en ese sentido al ritmo del incremento de la prima de riesgo, bautizada como el marcapasos del Gobierno por el propio presidente Zapatero.
Demasiado superficiales
Por lo tanto, si el Gobierno de España no confía en la bondad de las reformas históricas que reclaman la actividad económica y laboral del país, poco más habría que añadir al respecto, salvo la evidencia de que las tardías y tibias medidas adoptadas en estos doce meses tienen su origen, más bien, en esa especie de protectorado en el que se ha convertido España para la UE y el FMI. Son reformas a regañadientes, con una superficialidad rayana en lo ofensivo, más bien cosméticas, para calmar a nuestros socios europeos y evitar "como sea" -otra expresión célebre- la intervención de España.
Ejemplo de ello son, ciertamente, las dos reformas realizadas por este Gobierno en el ámbito del viejo, rígido e ineficaz mercado del trabajo instalado en España desde hace más de 30 años.
Una, la reforma laboral aprobada por el Parlamento en 2010 apuntaba en la buena dirección, pero se quedó ahí. El Gobierno echó el freno de mano inmediatamente después de enunciar sus nobles objetivos. Y ya se ha demostrado, como advertimos en su día, que esa reforma se quedaba muy corta e iba a ser ineficiente, como así ha sido.
Y la segunda, la reforma de la negociación colectiva aprobada hace unos días por el Consejo de Ministros simplemente apuntala las reclamaciones sindicales, si bien se ha presentado acompañada de un complejo y artificial argumento justificativo, escenificando la supuesta debilidad de un Gobierno con dos almas y abierto en canal.
De un lado, los ministros guardianes de las esencias sindicales, cuyas tesis coinciden con la estrategia de preservar los intereses electorales del vicepresidente candidato. Y del otro, los ministros -y el propio presidente Zapatero- más proclives a lograr los objetivos de reducción del déficit, con más motivos de los habituales en estas fechas, ya que el debate coincide precisamente con una visita de inspección de los representantes del FMI a nuestro país.
De esta manera, ciertas modificaciones introducidas supuestamente a última hora en el texto del borrador entregado a los agentes económicos y sociales han sido interpretadas como un guiño a las organizaciones empresariales, con el fin de consolidar la idea de que el texto aprobado es la mejor opción posible, porque representa el equilibrio entre las aspiraciones de sindicatos y empresarios. Pero, al mismo tiempo, el rechazo generalizado al mismo ha obligado al Gobierno a tramitar la reforma por decreto ley, aun a costa de la inseguridad que genera la entrada en vigor de una norma que muy probablemente sufra modificaciones durante el trámite parlamentario.
Nuevo frenazo
En todo caso, lo cierto es que el Ejecutivo ha echado, de nuevo, el freno de mano a otra reforma necesaria. Así, por ejemplo, mientras dice otorgar la prioridad a la empresa frente al convenio sectorial o territorial garantizando su posible "descuelgue", obliga al mismo tiempo al empresario a someter su proyecto a la consideración de una "comisión paritaria", que abre la puerta a la sobrerrepresentación de los sindicatos mayoritarios en todo el tejido pyme, incluidas aquellas empresas en las que sus empleados no hayan creído oportuno hasta ahora dar voz a sindicato alguno.
O, por otro lado, al tiempo que garantiza definitivamente la vigencia de los convenios más allá de su límite temporal (la denominada ultraactividad), trata de poner coto a la misma mediante el arbitraje obligatorio o laudo, figura que la jurisprudencia sitúa contraria a nuestro ordenamiento constitucional. O, en fin, qué decir sobre la pretendida atención a las demandas de dotar a la empresa de la suficiente autonomía, o flexibilidad interna, como para reordenar sus recursos de acuerdo con las circunstancias concretas del mercado? Sí, en efecto, ¡pero únicamente hasta el 5% de sus posibilidades!
No es ésta la solución que reclama un país con casi cinco millones de parados y otros tantos con empleos intermitentes. España no demanda una sobrerrepresentación sindical con cargo a la negociación de los convenios, ni las pymes pueden seguir atadas por control remoto a mesas de negociación ajenas a sus aspiraciones y a sus dificultades, ni la organización de una empresa debe restar jamás un ápice a su potencial de competitividad.
Es preciso pensar en España, en efecto. Y pensar en España exige valentía. Valentía para confeccionar el proyecto de ley que requiere el país. Valentía para corresponder con lealtad a los ciudadanos y a los compromisos internacionales. Y en este mismo sentido, valentía para reconocer que si, como Gobierno, no se siente con la suficiente fortaleza para afrontar la reforma que requiere el país, ha llegado el momento -más pronto que tarde- de dar voz a las urnas para que una nueva mayoría política piense en España con más garantías de éxito.
"Llamen a Maura", se solía decir en tiempos de crisis durante el reinado de Alfonso XIII. "Llamen a las urnas", se podría decir hoy sin temor al error.
Jesús Mª Terciado Valls, Presidente de Cepyme.
Jesús Terciado Valls: Conecta tu negocio
