GÂNDUL (RUMANÍA)
En Rumanía ha entrado en vigor una ley contra el empleo sumergido. Con un sueldo neto medio de 530 levas (130 euros) y bruto de 700 (170 euros), el Estado podría recaudar al año 210 millones en cuotas sociales.
Pero no se habla de nuevos puestos, sino de empleos legalizados que tributarán. La meta del Estado es subir sus ingresos. Pero para los parados, nada cambia: la economía no crea empleo.
Sólo mejora la estadística. La cifra de trabajadores aumentó en dos semanas en la misma cantidad que había mermado en la pasada mitad del año de crisis. Pero la economía continúa muy débil.
