O tro año más y un nuevo enfrentamiento entre la política y la economía en Europa. Hace poco más de un año, a la una de la madrugada del lunes 10 de mayo de 2010, los líderes de la Unión Europea dieron el que parecía el paso más atrevido hacia la creación de una federación política europea a gran escala, más osado aún que el lanzamiento de la moneda única en 1999.
Habían creado un fondo de 750.000 millones de euros, garantizado colectivamente por todos los contribuyentes europeos, para proteger a los países de la UE contra el dilema al que se exponía Grecia aquella noche: abandonar el euro o declararse en quiebra por impago de sus deudas estatales.
Doce meses después, está claro que el rescate griego ha sido un fracaso y, por eso, Europa ha decidido repetirlo.
Grecia ha incumplido casi todos sus objetivos económicos. Ha utilizado 75.000 millones de los 110.000 millones del préstamo de urgencia y el Gobierno reconoció hace unos días que hará falta otro gran rescate para cumplir con los pagos de la deuda el próximo año.
Los funcionarios alemanes disidentes están filtrando juiciosamente a los medios financieros que Grecia podría ser expulsada de la zona euro o no podrá satisfacer los pagos. Y, desde luego, los pocos prestamistas privados de Grecia que no han descargado sus bonos al Banco Central Europeo o los fondos del rescate de la UE se enfrentan a un riesgo de impago del 60-75 por ciento.
Mientras, el BCE y la Comisión Europea continúan ridiculizando cualquier sugerencia de impago o reestructuración, tachándola de "impensable", tal y como hicieron hace un año.
No obstante, hay cuatro elementos nuevos importantes en esta reedición de la crisis económica europea. El primero es que, en lugar de sólo Grecia, tres o quizá cuatro países se enfrentan a la bancarrota o la expulsión de la zona euro: Grecia, Irlanda, Portugal y, posiblemente, España. Es más, ha quedado claro que la devaluación o el impago heleno desencadenaría sucesos similares en Irlanda y Portugal, y España e Italia serían sumamente vulnerables si las tres primeras fichas del dominó se vienen abajo.
Mayor esfuerzo de los contribuyentes
En segundo lugar, el coste total para los contribuyentes de Alemania y otros países acreedores del apoyo a Grecia, Irlanda y Portugal será muy superior a lo que parecía posible el año pasado, porque los fondos de aquel rescate se han gastado en su mayoría en la liquidación a prestamistas privados de esos países y sus bancos insolventes.
Hace un año, los contribuyentes de la UE podían compartir la carga de los rescates con los inversores privados que, tontamente, habían prestado dinero al Gobierno griego y los bancos irlandeses arruinados. Hoy, muchos de esos inversores lo han cobrado todo, por lo que hay mucho menos margen para compartir la carga entre los acreedores privados restantes y los Gobiernos. Si cuando gran parte de la deuda griega e irlandesa se liquide por completo, la mayoría de las pérdidas recaerá sobre los Gobiernos de la UE y el BCE.
Dentro de un año o dos, el proceso de prestar dinero nuevo a países deudores para reembolsar a los acreedores privados tendrá como resultado que el total de las deudas nacionales de Grecia, Irlanda y Portugal se deberá a los gobiernos de la UE y el BCE.
La resistencia política, más exigente
En tercer lugar, la resistencia política a otra ronda de rescates será todavía más feroz de lo que fue el año pasado, y no sólo en Alemania, Finlandia, Austria y Holanda, sino también entre los deudores, ya que la disciplina de los rescates de 2010 ha desatado un poderoso sentimiento anti-europeo en estos países.
En Atenas, Dublín y Lisboa, el rechazo popular a las subidas fiscales y recortes del gasto se intensificará seguramente cuando los Gobiernos sigan incumpliendo sus objetivos financieros, pese a los ajustes del año pasado. Y en Finlandia, Alemania y otros países acreedores, los partidos xenófobos ganan terreno a medida que se hace obvio que el dinero prestado el año anterior no fue más que un adelanto, que los problemas fundamentales de la zona euro siguen sin solución y los contribuyentes van derechos a un pozo sin fondo.
Por último, la buena noticia, aunque no necesariamente para los líderes y banqueros centrales europeos, es que la economía global es mucho más sólida de lo que era hace un año y probablemente podrá soportar la cancelación de las deudas estatales, sobre todo si se lleva a cabo de una manera ordenada, con una garantía conjunta de los Gobiernos de la UE de las deudas reducidas restantes.
Entonces, ¿por qué se niegan los políticos y banqueros centrales europeos a pensar siquiera en la reestructuración de la deuda y siguen prestando dinero a Grecia, Irlanda y Portugal, únicamente para compensar a sus acreedores privados?
Riesgo del BCE
Aparte del miedo a provocar un desastre bancario tipo Lehman (una amenaza fácil de esquivar si se crea un fondo de garantía financiero paneuropeo mucho más pequeño que los rescates que se avecinan), a los banqueros centrales europeos les interesa propagar el miedo hacia la idea misma de la reestructuración.
El propio BCE es, con diferencia, el mayor tenedor de bonos griegos, irlandeses y portugueses, y sufriría unas pérdidas tremendas si se redujera su valor. Además de los 80.000 millones de euros que posee directamente, el banco cuenta con más de 500.000 millones en bonos tóxicos como colateral contra sus pérdidas a bancos irlandeses, griegos y portugueses. Dado que la mayoría de esos bancos quebraría con una gran reestructuración de la deuda, el BCE se quedaría con cientos de miles de millones de euros en bonos estatales sin valor.
Con un capital total de tan sólo 11.000 millones, el propio BCE quebraría si los gobiernos europeos no le ofreciesen un rescate considerable y eso, por supuesto, sería posible sólo a costa de aumentar la influencia política en el BCE.
La motivación política del yugo de la deuda sobre Grecia, Irlanda y Portugal es más clara aún. Al convertir a esos países en deudores permanentes del BCE y los distintos fondos de rescate de la UE, Bruselas y Francfort aumentan con creces el poder de las entidades europeas centralizadas a expensas de los Estados.
Aunque el control sin precedentes de los impuestos, gastos y políticas sociales nacionales que ejerce ahora el BCE y la Comisión se limita a Grecia e Irlanda por el momento, el ejercicio de los rescates ha sentado precedentes, creando unas capacidades institucionales que podrían extenderse gradualmente a toda la unión.
Ruta federalista
La progresión inevitable desde una unión monetaria hacia el federalismo fiscal y, después, hacia unión política a gran escala la predijeron a la vez euroescépticos y eurofederalistas en 1989, cuando Jacques Delors sugirió por primera vez la idea de una moneda única y de nuevo en 1999, cuando nació el euro. El viaje de la moneda única al federalismo político a gran escala está tomando una ruta algo distinta de lo previsto, pero sigue el calendario a rajatabla.
La cuestión es si Europa llegará al destino previsto antes de que los trabajadores griegos e irlandeses o los contribuyentes alemanes y finlandeses decidan que les han tomado el pelo.
Anatole Kaletsky. Director adjunto y jefe de Economía del diario The Times ©.
