España es uno de los países europeos que más sufre los efectos indeseables del absentismo, con el consiguiente quebranto económico para el empleador. Entre 2007 y 2010, las faltas al trabajo de los funcionarios han repuntado un 48 por ciento y las de los empleados de banca, un 138,5 por ciento. Unos, por la perspectiva del empleo seguro.
Otros, quizá, por la de un posible retiro temprano propio de una economía en crisis que se ajusta. Es preciso endurecer los controles. Las actuaciones del Gobierno sobre la plantilla de funcionarios se antojan insuficientes. No basta con bajar la nómina ni con reducir las vacantes que reponer. Es preciso un seguimiento exhaustivo y una mejor gestión de unos recursos humanos que, al fin y al cabo, sufragan nuestros impuestos.
