En las épocas de crisis, la demagogia contra las empresas es siempre un recurso fácil para buscar cabezas de turco y desviar la atención de los problemas de fondo. Si además se trata de grandes compañías, la apelación a los abusos del gran capital, la exposición de su insensibilidad social e incluso su falta de escrúpulos éticos para maximizar sus beneficios a cualquier precio es una tentación irresistible.
Un caso paradigmático de la tentación demagógica, adobada por una profunda ignorancia de la realidad, son los ataques lanzados contra Telefónica a raíz de su decisión de reestructurar la plantilla de su filial española y poner en marcha un plan de remuneración de sus directivos. El corolario es claro: resulta inmoral que una empresa que obtiene beneficios decida prejubilar a un 20 por ciento de su plantilla en España y además enriquezca a sus directivos. Como suele suceder, esta atractiva y aparente verdad popular es una falacia y, en consecuencia, es imprescindible poner este hecho en evidencia.
De entrada, la operación de Telefónica en España tiene un peso cada vez menor en la facturación total del grupo. Alrededor de un 70 por ciento de su negocio se genera fuera de las fronteras patrias. Esto es el resultado de la estrategia de internacionalización del líder español de las telecomunicaciones pero también de una persistente pérdida de su cuota en el mercado interno impulsada por las presiones competitivas desencadenadas desde el inicio de la liberalización de ese sector en 1998. En estos momentos, la participación de los distintos negocios de Telefónica en el mercado nacional supone alrededor del 51 por ciento. En él, sus resultados globales han caído un 4,4 por ciento en 2009 y un 6 por ciento en 2010 y su ebitda total ha descendido dos puntos entre 2008 y 2010. En otras palabras, el negocio local de Telefónica presenta claros rendimientos decrecientes.
Una estructura empresarial con tasas de rentabilidad en descenso sustenta una plantilla de 28.000 empleados en telefonía fija y 4.000 en móvil, el doble de la soportada por todos los operadores combinados de ADSL, fijo y móvil que actúan en el mercado nacional. Por ejemplo, Vodafone emplea a 4.300 personas y todos los operadores de cable a unos 4.000. Con un negocio en declive, la productividad por trabajador de Telefónica España es muy inferior a la de sus competidores y el coste medio por empleado y año se sitúa en el entorno de los 60.000 euros, aproximadamente, un 40 por ciento más del existente, por ejemplo, en su negocio hispanoamericano. Por añadidura, los gastos de personal crecieron en 2010 un 15 por ciento a pesar del descenso de resultados de Telefónica en la Vieja Hispania. En este contexto, la operación nacional de Telefónica necesita un ajuste radical de personal para recuperar niveles aceptables de competitividad y de eficiencia. De lo contrario, España se convertirá en un lastre para el crecimiento y la rentabilidad del Grupo Telefónica en el medio y largo plazo, lo que obviamente pondría en riesgo su estrategia de desarrollo; es decir, su capacidad de invertir, de generar beneficios y empleo.
Y qué decir de las stock options concedidas a los directivos? De entrada, el sistema de remuneración de los ejecutivos de la compañía fue aprobado por su Junta de Accionistas hace cuatro años. En otras palabras, los dueños de la empresa dieron el visto bueno al esquema remuneratorio en cuestión que, por otra parte, es idéntico al existente en el 90 por ciento de las empresas que cotizan en el Footsie 100. Por otra parte, sólo el 10 por ciento de los directivos de la empresa trabaja en España, lo que supone un mecanismo que premia e incentiva a los gestores que más contribuyen a la creación de valor para el accionista. Por añadidura, el esquema retributivo adoptado por Telefónica fue precedido de una congelación de los salarios del personal directivo en 2006 con la intención de ligar su evolución a la productividad, por cierto, recomendación realizada por la UE como uno de los elementos centrales para afrontar la crisis y mejorar la posición competitiva de la economía europea. Por último, el mecanismo de incentivos no se limita a la alta dirección, sino que se extiende al conjunto de los trabajadores a quienes la compañía regala una acción por cada título que adquieran.
¿Es justo que el Estado pague el desempleo de los trabajadores prejubilados durante un período determinado? Esta es una clásica pregunta trampa. La legislación laboral española es la que es y, si al Gobierno no le gusta, a mí tampoco: lo que hay que hacer es modificarla. Mientras eso no suceda, las empresas y los trabajadores toman sus decisiones dentro del marco normativo vigente y asumen los costes y/o los beneficios derivados de ello. De cualquier manera, el recurso a un ERE para regular plantillas mediante prejubilaciones, aunque fuese el estilo del diseñado por Telefónica, es una muestra palpable de la pésima legislación del mercado de trabajo existente en España, situación sobre la que las compañías españolas no tienen responsabilidad alguna y, en todo caso, son víctimas de ella. Desde esta óptica, las acusaciones contra Telefónica en este campo son un ejercicio mixto de hipocresía y demagogia.
En un entorno cambiante, como el de una economía globalizada, y en un sector en transformación constante, como el de las telecomunicaciones, las empresas tienen la obligación y la necesidad de ser proactivas y adoptar las medidas precisas para asegurar su viabilidad y generar valor para sus accionistas. Ésta es su principal, por no decir su única, misión. Si no se hace eso, nada es posible y, por ello, la decisión de Telefónica es buena para todos, para los titulares de sus acciones, para sus trabajadores y, también, para la economía nacional. Si las cosas siguen así, los incentivos de las grandes compañías para seguir instaladas en España serán cada vez menores. Así se hace patria y se contribuye a generar un entorno atractivo para el despliegue de iniciativas empresariales.
Lorenzo Bernaldo de Quirós es miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
