El Gobierno se plantea una legislación que evite que las grandes empresas en beneficios puedan llevar a cabo prejubilaciones. Sin embargo, la nueva norma podría sembrar dudas sobre las cajas de ahorros, que ya tienen en marcha unas 11.000 prejubilaciones.
Por lo general, esta práctica consiste en despedir a un trabajador en el último tramo de su vida laboral para que cobre primero los dos años de paro y, luego, una indemnización aportada por la empresa que le cubre hasta que tiene derecho a ingresar su jubilación anticipada. Como el Estado paga por el desempleo y los años de retiro anticipado, las arcas públicas soportan una parte significativa del coste.
Aunque la polémica ha surgido por el caso de Telefónica, las cajas también disfrutan en sus balances de beneficios y, encima, están prejubilando muy generosamente, financiadas con el dinero público del Frob. De ahí que parezca que el Gobierno usa un doble discurso: por un lado, tapa la realidad de las cajas y, por otro, carga contra empresas que no incumplen ley alguna. Si quiere legislar, que lo haga para todos. Sin embargo, los expertos explican que resulta muy difícil. De hecho, todos los Ejecutivos lo han intentado, incluido Corbacho.
En primer lugar, se antoja complicado fijar un nivel de beneficios. Segundo, significaría que las empresas competitivas subsidian el desempleo al Estado y, entonces, eliminaríamos un derecho de todos por el que el trabajador ha cotizado... ¿Cómo lo van a quitar? Y el tercer escollo radica en los sindicatos: al tener que acordar los despidos con ellos, siempre se dispone de esta fórmula tan popular entre los afiliados. El Gobierno pisa un terreno pantanoso.
