España concedió microcréditos al desarrollo social básico sin llevar los controles oportunos. El programa vio la luz en el primer mandato de Aznar y hasta 2006 tuvo una dotación de 597 millones. La Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente de Exteriores, maneja estos cuantiosos fondos, pero la selección de receptores la hacían las entidades financieras que los canalizaban, cuya labor tampoco se fiscalizó.
Según el Tribunal de Cuentas, no se verificó si las empresas foráneas beneficiarias cumplían los requisitos estipulados ni se evaluó la consecución de objetivos. El compromiso oficial en la lucha contra la pobreza no puede adolecer de fallos de gestión tan flagrantes. Los programas deben ir acompañados de un correcto mecanismo de seguimiento. Si no, las garantías se quedan cojas.
