El Gobierno se ha plegado a la presión de las 12 patronales que representan a la gran industria y cargará sobre los hombros de las pymes la subida de los costes fijos de la electricidad (peajes), difiriendo hasta diciembre cualquier alza para las integrantes del lobby negociador.
Resulta un flagrante agravio para las pequeñas y medianas empresas, que mina su capacidad de competir en favor del más fuerte. No resulta de recibo adoptar medidas de gracia asimétricas, especialmente cuando perjudican a compañías que sufren con especial dureza los embates de la severa crisis económica.
En lugar de abordar este tipo de subidas discriminatorias, el Ejecutivo debería acelerar la reforma del sistema de cálculo de tarifas de forma transparente, homogénea y no distorsionadora.