Hace más de un año, a bombo y platillo, nuestros ministros de la cosa (Economía, Industria) anunciaron la imperiosa necesidad de salvar el sector del automóvil.
Afirmaban con toda razón que era una pieza capital de nuestro tejido productivo que debía rescatarse a toda costa. Decisión prudente. Y el Gobierno presentó el Plan 2000E: cuando el comprador adquiría un vehículo, el concesionario le deducía del precio 2.000 euros, 1.000 euros a cargo del fabricante y 1.000 euros a cargo del Estado (50% autonómico, 50% Gobierno central).
Para el comprador era una rebaja y para el concesionario, un alivio que impulsaría las ventas. Y para los fabricantes, el paraíso. Pues no. La historia terminó en cuento (chino). Un fraude.
Porque centenares de esos confiados incautos están hoy en situación angustiosa: a pesar de prefinanciar al adquirente, la Administración no ha dado trámite a esas deducciones adelantadas? y de las que han podido tramitarse, la Generalitat de Cataluña "ni está (paga) ni se le espera" (ni pagará).
Y mientras tanto, ese mismo vendedor, atrapado en el Plan 2000E, tiene que seguir pagando religiosamente todas sus demás contribuciones e impuestos ya que, a diferencia de cualquier otra deuda o crédito, las que se tienen con y contra el Estado no son compensables.
Lo que se debe al Estado se debe, y lo que se acredita ya se verá si se cobra.
Y, por último, cierre magistral de la jugada, ¡¡el comprador que tan feliz se fue con su deducción de 2.000 euros? deberá tributar por ellos en su declaración de Renta!!
Conclusión, el pagano vendedor que adelantó el importe del Plan 2000E? y, mejor aún, ese Estado que no paga grava en su renta al comprador por esos fantasmales euros, por una financiación que nunca ha realizado.
Lo del tocomocho, la estampita y demás faenas artesanales de la picaresca española son tortas y pan pintado.
Seguiremos informando.
Javier Nart, abogado.