Varias fusiones están sobre la mesa de la redefinición del sector de las cajas de ahorros, que no sólo debe mermar su tamaño a través de integraciones, sino que las entidades que lo forman deben afrontar, al hilo del proceso, los serios problemas que les afectan: morosidad, impagos y la vinculación a operaciones inmobiliarias.
El gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez, ha adoptado una serie de decisiones que, al cabo, han tenido más carácter político del deseado y deseable. Quiso impulsar fusiones interregionales, pero terminó plegándose a los poderes autonómicos que controlan las cajas. En teoría, para retirar obstáculos y acelerar operaciones. En la práctica, para demorar y enquistar problemas que rebrotarán en un par de años si los criterios técnicos no han sido aún satisfechos. No modificar la ley de cajas, pero lanzar recomendaciones en el sentido que la reforma debiera plantearse ha sido una enrevesada manera a través de la que Ordóñez trató de conseguir lo que no se atrevió a promover ex lege.
Los SIP, que posibilitan las llamadas fusiones frías, no resuelven los agujeros de las cajas, menos si siguen desdeñando criterios técnicos y se usan para atrapar subvenciones. Tienen puntos a favor, vistos como un paso a la privatización, pero los ahorros que brindan son insuficientes para resolver el rompecabezas del sector.
Si la eficiencia técnica sigue siendo apartada por consideraciones políticas, el Banco de España habrá propiciado que las cajas tengan que intensificar su recurso al mercado para financiarse, encareciendo su endeudamiento y agravando su situación. A la política, lo que es de la política... y a las cajas, más decisiones técnicas.
