España ha vuelto a perder libertad económica. Según el índice anual de Cato Institute y Fraser Institute, que patrocina elEconomista, desde el año 2000 ha descendido 14 puestos en la clasificación mundial, situándose a la cola de los países más libres.
El tamaño del Estado y la regulación, en especial la laboral, son los principales lastres que atan los pies del crecimiento español y contra los que hay que batallar mediante reformas estructurales. Ya no hay otra salida para el Gobierno de Zapatero. Eso, o dejar a España sumida en la recesión.
Un sector público sobredimensionado eleva el gasto público sobre el de los ciudadanos y empresas, lo que sustituye la elección individual por la gubernamental y supone una mordaza para la libertad económica. Esta crisis ha evidenciado el desacierto de las políticas fiscales expansivas, lo que incide en la necesidad de abordar los problemas económicos de fondo mediante reformas.
Puesto que la principal rémora al crecimiento viene del mercado de trabajo español, cuya categoría es similar a la de Nepal y Estonia, puntuando en un nefasto puesto 95 de entre 141 países, es la más urgente e ineludible. Prueba de ello es que en menos de tres años, España ha pasado del 8 al 20 por ciento de paro, una muestra de nuestra fragilidad laboral.
Asusta pensar que ese 8 por ciento de desempleo se dio precisamente en 2007, el año en que el índice nos sitúa entre los peores mercados de trabajo del mundo. Sin liberalizar y flexibilizar, el crecimiento nos estará vedado. Urge abordar una reforma de calado seria y consecuente con la realidad. Sin ella no habrá paraíso... económico.
