La industria cinematográfica, en su filón de cine bélico, suele presentar unos héroes con recursos limitados y sin apoyo de su retaguardia, en donde, desde el Alto Estado Mayor hasta los servicios de intendencia, se preocupan de otras cosas. La capacidad de sobreponerse a carencias y dificultades, la improvisación adecuada y el valor de los protagonistas permiten un final feliz en el que el valor y la resolución triunfan frente a las adversidades. El arte del guión y la dirección consiste en dar verosimilitud a los hechos, generar y mantener tensión concluyendo con la victoria del bien.
Los símiles siempre son parciales y la realidad es más compleja que la ficción, pero las pautas tienen mucho en común. En el mercado, las empresas tienen dificultades para renovar el crédito que necesitan para funcionar. En las últimas semanas, la banca (tras mucho estudio) parece más proclive a aportar algo, pero poco, caro y bien avalado. ¿Por qué? Porque la abultada emisión de deuda pública necesaria para la ejecución de los planes y actividades públicas limita los recursos disponibles para el sector privado y anticipa el aumento de la carga fiscal futura. Eso reduce el estímulo a la inversión y la contratación.
Simultáneamente, las Administraciones Públicas intensifican su regulación e inspección, con lo que absorben tiempo y dedicación que terminan con la paciencia de los afectados. La superposición de estas circunstancias, en un marco de cierres de empresas y pérdidas, genera sensaciones que van desde el desamparo hasta el acoso, desde la impotencia a la desolación.
La cuantía de los concursos de acreedores rebasa lo ocurrido en situaciones críticas pasadas, como las de los años 1975 y 1993, que fueron menos profundas y duraderas que la actual. En esos casos, la inflación mantuvo el valor nominal de las viviendas, al tiempo que el aumento general de precios y salarios permitió su adquisición y dinamizó el mercado.
En el lado de las Administraciones Públicas, las cosas no tienen el dramatismo del cierre de empresas y el aumento del paro, ni el riesgo inminente de la pérdida de ahorros y del empleo, pero no por eso es fácil tomar decisiones, incluso las acertadas. El aumento de la deuda arriesga la elevación del tipo de interés para todo el país y la pasada alegría en compras y obras absorbió recursos que ahora faltan. El problema está en varios frentes: a) La deuda pública excede a lo que parece porque sólo recoge las obligaciones de pago instrumentadas financieramente. Se excluyen las deudas comerciales o por obras realizadas, cuyo abono se demora y puede añadir exigencias de quitas relevantes, pero que, en cualquier caso, debe pagarse. b) La caída en la recaudación de tasas, impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, derivadas del descenso en producción, ventas y empleo, cuyo correlato es el aumento y la rapidez de exigencia de devoluciones de cantidades anticipadas. c) Suben los gastos en atención a parados, personas dependientes y enfermos. d) Se aprueban planes de gasto para facilitar la recuperación de la actividad, que han de pagarse con nueva emisión de deuda que se suma a la precedente y lleva al aumento de los intereses devengados por toda ella.
La reacción inmediata de una parte de las Administraciones Públicas lleva a la búsqueda de recursos por todos los medios disponibles. La prensa recoge evidencias del aumento en las multas por incumplimientos de normas, desde aparcamientos a deficiencias en la información recabada por organismos públicos. Es obvio que las normas deben cumplirse siempre, y las infracciones han de tratarse como está reglado para disuadir del incumplimiento más que como herramienta recaudatoria pues, igual que es intemperante y contraproducente exigir en la trinchera la limpieza propia del desfile, debe cuidarse el esmero en la exigencia de cuestiones formales y evitarse empezar con la amenaza de sanción.
Las exigencias arbitrarias, la dilación en la toma de decisiones y en la resolución de recursos siempre están fuera de lugar y apuntan al abuso y el menosprecio, máxime cuando el país tiene un alto grado -absoluto y comparativo- de exigencias de cumplimiento que no se han atemperado a través de las prácticas de better regulation propuestas por la Unión Europea. Añádase el flujo acelerado de nuevas y más amplias leyes y el de propuestas de subvenciones más orientadas a la propaganda que a proporcionar recursos. En suma, entre la vida económica y la pública debe haber paralelismo, pero aquí los sentidos de la marcha son inversos. Así, el final feliz parece imposible.
