Para hacer frente a la crisis, los gobiernos de la mayoría de los países afectados tomaron, entre otras medidas, una cuyas consecuencias no se sufrirán hasta el medio y largo plazo: el endeudamiento público. España no ha sido ajena y, aunque a unas tasas por debajo de muchos países de la Unión Europea, lo que destaca en este caso es su velocidad de crecimiento.
Sin unos planes de reformas estructurales creíbles, los mercados ponen en duda la capacidad de devolución de nuestra economía y ello se ve reflejado en el incremento del riesgo-país medido, entre otras variables, por la cotización de los CDS (Credit Default Swaps). En definitiva, un aumento de la prima de riesgo.
Los inversores ya lo están descontando y comienzan a vender deuda española, lo que se traduce en bajadas de precios y, consecuentemente, en subidas de la rentabilidad, lo que implica que ya en las próximas emisiones el Tesoro tendrá que aumentar su rentabilidad para hacer más atractivos nuestros títulos. Esta situación se agravará aún más si, como es previsible, las agencias de rating nos rebajan la calificación, cuyo efecto será en la misma dirección a lo comentado: necesidad de subir rentabilidad para que los inversores se planteen comprar nuestra deuda.
Los que operan en los mercados internacionales, inversores institucionales de todo tipo, se decantan por uno u otro papel en función de la seguridad que les aporta -menor riesgo- o por la rentabilidad -mayor coste para el emisor-. Hay que olvidarse de atraer a inversores por la primera vía y, lamentablemente, se tendrá que realizar entonces por la segunda.
Pero, además, estas decisiones actuales tendrán más consecuencias mañana. No hay que olvidar el envejecimiento de la población, por lo que el gasto público en sanidad y pensiones se verá incrementado. Si no se suben los impuestos o se recortan las pensiones (la subida de la edad de jubilación anunciada no es otra cosa que un recorte de la retribución), será necesario emitir aún más volumen de deuda, con lo que entramos en un círculo vicioso y muy perjudicial.
No acaban aquí las consecuencias. Entre otras, las empresas deberán competir con el Estado por el ahorro, tanto nacional como extranjero, de los países emergentes principalmente (el resto de economías avanzadas se encuentran en situación similar), con lo que tendrán que aumentar su coste de financiación, y se dará el efecto expulsión de la inversión privada (la que necesitamos en estos momentos para crear empleo y crecimiento).
Ahora, el equipo económico del gobierno va a comenzar un road show con el que espera convencer a los mercados de que la situación económica en España no es tan mala como la pintan. Sin embargo, "se hace camino al andar" y lo que le hace falta a España son esas reformas, más camino (si me permiten una traducción nada literal de road) y menos presentaciones vacías de contenido, menos espectáculo, promesas de hacer algo que no se ha hecho hasta el momento, pues la credibilidad se encuentra en entredicho.
España necesita urgentemente acometer unas reformas estructurales que, esas sí, ayudarán a lograr los objetivos de crecimiento económico, aumentar la tasa de ocupación y la productividad, que sólo puede lograrse en un marco de estabilidad económica, véase estabilidad presupuestaria.
Ignacio López Domínguez, director del Centro de Investigación Financiera. Universidad Nebrija.
