El viaje de Zapatero a Davos le ha servido para darse de bruces con la realidad. La sin par fortaleza de las finanzas públicas españolas, la insignificancia de la deuda y la irrelevancia del déficit público en un escenario recesivo han saltado en pedazos. Éste ha sido desde el inicio de la crisis el discurso oficial del gabinete del PSOE. A pesar de las protestas del líder socialista, de sus declaraciones sobre la responsabilidad de su Gobierno y sobre la seriedad de España, el grueso de los analistas y los mercados han puesto a la Vieja Piel de Toro en el pelotón de los países de la Eurozona, encabezado por Grecia, con un serio riesgo de tener una crisis de deuda; esto es, una suspensión de pagos. Esta situación ya había sido anunciada desde hace meses por numerosos economistas antipatrióticos al servicio de los espurios intereses de las potencias extranjeras, enemigas de la Madre Patria; de todos aquellos que han mirado con envidia el milagro económico español.
En ese contexto, y sólo en ese contexto, hay que analizar el anuncio gubernamental de una reducción del gasto público de 50.000 millones de euros, un 5,7 por ciento del PIB, entre 2010 y 2013 para situar, en ese año, el déficit para el conjunto de las AA.PP. en el 3 por ciento del PIB. La presión exterior y la amenaza de la bancarrota del Estado han forzado a los socialistas a invertir de manera radical el discurso de su política económica. La brutal expansión del gasto realizada para combatir la recesión ha sido un estrepitoso fracaso. No ha añadido ni una sola décima de crecimiento a la economía, no ha servido para evitar o frenar la sangría del paro y, eso sí, ha fabricado un descomunal e insostenible agujero en las cuentas públicas. España es un caso paradigmático de la ineficacia del keynesianismo como instrumento de política anticíclica. Ahora, los dilapidadores de hasta esta mañana quieren aparecer ante la opinión pública como unos gestores responsables. Eso no estaría mal si fuese verdad, y todo el mundo tiene derecho a rectificar. Ahora bien, los interrogantes son muchos y el preámbulo de la nueva política no es demasiado prometedor.
De momento, no existe nada parecido a un plan consistente y detallado de consolidación presupuestaria, sino un movimiento desesperado y publicitario para calmar la ansiedad de los mercados y de los gobiernos europeos ante el agudo y creciente deterioro del binomio déficit/deuda. Como siempre, el Ejecutivo ha fabricado un titular sin nada detrás, como con la famosa Ley de Economía Sostenible, salvo unas transparencias cuya sola lectura por un analista de competencia media pone en cuestión los designios y la seriedad de los propósitos gubernamentales. Antes de que el gabinete formule, si lo hace, qué gastos recortará, cómo y cuándo, los supuestos sobre los que se asienta su estrategia fiscal y presupuestaria carecen de robustez y de credibilidad. Algunos ejemplos ilustran esta afirmación.
Para empezar, la teórica disminución del déficit se sustenta en un cuadro macroeconómico irreal que contempla una proyección de crecimiento de la economía en 2012 y 2013 increíble, tasas de incremento del PIB cercanas a su potencial, a los niveles existentes en la pre crisis, sin que se haya aplicado ni una sola medida que haga eso posible y sin que se produzca ninguna mejora sensible de la competitividad. Las previsiones macro tienen incoherencias tan grandes como, por ejemplo, proyectar un aumento del consumo y de la inversión privada por encima del PIB sin que eso tenga impacto negativo alguno sobre el sector exterior, lo que no ha sucedido nunca en la historia económica de España desde que se tiene memoria. Desde esta óptica, la parte del recorte del déficit asignada a la recuperación de la actividad tiene un claro sesgo alcista cuyo cumplimiento es un ejercicio de economía-ficción.
Por otra parte, el cuadro que bajo la rúbrica Senda de Consolidación Fiscal plasma la contribución de las distintas administraciones a sanear las cuentas públicas entre 2010 y 2013 está en blanco para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales. En un Estado en que los entes periféricos suponen dos tercios del gasto público total, es imposible conceder credibilidad alguna a un plan de austeridad que no determine su aportación a ese proceso. En consecuencia, todo dependerá de las negociaciones del Gobierno con esas administraciones, y la experiencia no permite ser demasiado optimista sobre la materia. Es poco probable que, en un período pre electoral, los municipios y las autonomías tengan incentivos para aceptar una disminución significativa de sus desembolsos. Por lo pronto, no lo han hecho nunca. ¿Por qué lo harán ahora? Apelemos al sentimiento patriótico?
Si el desequilibrio financiero del sector público se sitúa en 2009 en el 11,4 por ciento del PIB (será el 12 por ciento, ya lo verán), el recorte proyectado tras descontar los efectos cíclicos es del 5,7 por ciento y el objetivo final es conseguir un déficit del 3 por ciento del PIB, eso significa que el déficit estructural es del 8,7 por ciento del PIB, lo que refleja la existencia de una estructura presupuestaria, valga la redundancia, descomunal y, desde luego, incompatible con la estabilidad de las finanzas públicas. En otras palabras, España SA tiene unos costes fijos que no puede permitirse, lo que fuerza a introducir reformas de calado en las grandes partidas de gasto como los programas del Estado del Bienestar, el número y la remuneración de los funcionarios, etc., y no un mero maquillaje contable para salir del aprieto. Esta política no puede llevarla a cabo un Gobierno sin crédito y sin convicción.
Quizá el socialismo reinante haya asumido de veras la necesidad de poner orden en el caos fiscal y presupuestario que sus políticas han provocado. Tal vez como San Pablo camino de Damasco, Zapatero en Davos haya visto la luz. Ojalá eso sea cierto y el Gobierno acometa un plan serio de reducción del déficit público. Sin embargo, quien escribe estas líneas está aquejado de un considerable grado de escepticismo, avalado por una evidencia empírica abrumadora. En cualquier caso, pronto lo sabremos. España está en la lupa de los mercados, de los analistas y de los gobiernos, y su margen de maniobra para eludir la realidad es inexistente. Si el Gabinete no presenta un proyecto de consolidación presupuestaria sólido y creíble, la amenaza de una crisis de deuda se convertirá en un hecho y el tiempo para evitar esa tragedia es muy corto.
Lorenzo B. de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
