Las tasaciones que realiza Hacienda sobre los inmuebles superan ampliamente el valor de compraventa. Este desfase, que puede llegar a superar en un 68% e incluso a duplicar el precio pagado, se debe a la ley antifraude aprobada hace un año.
El texto avala las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas, consolidando un sistema por el que el Catastro establece el valor de los inmuebles, lo que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos. Esto significa que si la fórmula utilizada permite exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, la carga impositiva también se incrementa. Es lo que está ocurriendo en un alto número de casos.
Ello pese a que el sistema impulsado por el Gobierno obvia lo determinado por el Tribunal Supremo, que en una sentencia de 2018 determinó que un perito debe visitar el inmueble para hacer la tasación. Lo que además crea indefensión entre los contribuyentes al invertir la carga de la prueba cuando se produce una reclamación: ahora es el afectado el que tiene que demostrar que la tasación es excesiva, aunque la visita nunca se haya realizado.
De hecho, hay casos en los que Hacienda disfraza como inspección presencial una búsqueda en Google Maps. Se evidencia así que el objetivo no es otro que elevar la recaudación, persiguiendo la inversión inmobiliaria, especialmente la destinada a la vivienda, en un momento en el que el sector empieza a reactivarse tras la pandemia. No resulta comprensible que mientras el Gobierno justifica decisiones como topar el precio del alquiler por proteger a los inquilinos de la inflación, se dispare el perjuicio fiscal a los propietarios con este nuevo 'catastrazo'.
