El BCE echa un jarro de agua fría a las perspectivas de crecimiento e inflación para la eurozona, tras estallar la guerra en Ucrania. Las nuevas previsiones apuntan a un incremento del PIB del 3,7% en 2022 y del 2,8% en 2023, frente al 4,2% para este año y el 2,9% para el siguiente estimados en la reunión de diciembre.
Con todo, lo más preocupante está en que el eurobanco sitúa ya el IPC medio para este año en el 5,1%, un porcentaje que supera en casi dos puntos a la estimación previa y que también es el más alto desde Maastricht en 1992. Este contexto de alta inflación persistente y menor crecimiento por Ucrania aumenta el riesgo de estanflación y es lo que ha obligado al BCE a no demorar más la toma de decisiones para cumplir con su mandato de velar por la estabilidad de los precios. Con este objetivo, la entidad acelera la retirada de estímulos y abre la puerta a que el programa de compra de bonos (QE) termine en junio y no en octubre, como estaba previsto. Poner fin a dicho programa es indispensable para dar inicio a unas subidas de tipos que el mercado ya espera este mismo año. El BCE, por tanto, acelera su hoja de ruta y se dota de la flexibilidad necesaria para actuar frente a la "incertidumbre extrema" que, según la presidenta Christine Lagarde, genera la guerra en Ucrania. Sin duda, la entidad toma una posición razonable al endurecer su política monetaria y hacer frente al gran riesgo que implica esta ya larga contienda bélica en los precios. Ahora bien, el menor crecimiento económico y el aumento de los costes de financiación producido por el fin de los estímulos y el alza de tipos llega en muy mal momento para un país como España, por su alta deuda y por la inexistencia de un plan para ajustar las cuentas públicas.
