El Gobierno impulsa su plan de fomentar el ahorro complementario para la jubilación, dando absoluta prioridad a los planes de empleo. De hecho, planea aprobar el texto definitivo de la ley que regirá el fondo público de pensiones en el Consejo de Ministros del martes.
Con ello, espera cumplir con el calendario comprometido con Bruselas y proceder a la activación del fondo antes de junio. El texto nace ya con graves problemas. Uno de ellos es que el borrador no convence a los empresarios hasta el punto de que la CEOE se opondrá a la aprobación de la normativa. El rechazo es plenamente comprensible, ya que el funcionamiento en sí del producto genera serias dudas. Para empezar, los empresarios reprueban que el fondo público se arrogue funciones ya cubiertas por la Seguridad Social. Además consideran que el plan de ahorro del Gobierno carece de incentivos, lo que supone un obstáculo para que las empresas lo promocionen entre sus propios empleados. Un problema similar presentan los autónomos que no contemplan incentivos suficientes para traspasar sus planes privados de pensiones al público. Además, la normativa presenta otras graves deficiencias, como es la presencia de representantes de ONGs en los comités de supervisión de las inversiones para asegurar los criterios de sostenibilidad a las mismas. Sin duda, un extremo totalmente incomprensible. Salta a la vista que la gestión del fondo público debería regirse por criterios puramente técnicos y financieros.
La falta de incentivos y la presencia de ONG en la gestión generan el rechazo de la CEOE al fondo público de pensiones
Todas estas carencias suponen una mala carta de presentación para el plan público de pensiones impulsado por el ministro José Luis Escrivá, y pone en seria duda el objetivo del Gobierno de quintuplicar el ahorro a largo plazo en España, hasta los 500.000 millones.
