Tres cuartas partes del incremento hasta 2050 de la deuda pública, que la AiReF estima que llegará al 191% del PIB sin cambio en la política fiscal, se deberá a las pensiones.
El envejecimiento de la población y la ausencia de medidas para racionalizar el gasto, tras la derogación del factor de sostenibilidad y la decisión de volver a vincular la revalorización al IPC, explican este desproporcionado impacto en el futuro déficit de las cuentas públicas. Un impacto, además, que difícilmente podrá corregirse con una creación del empleo como la española. Este diagnóstico, común a todos los organismos de estudio públicos y privados, revela hasta qué punto la nueva reforma de las pensiones ha pecado de cortoplacista e insuficiente.
