El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una reforma laboral que arrebata a miles de empresas la flexibilidad que requieren para contratar.
Si bien la norma incumple el demagógico compromiso de derogar completamente la legislación de 2012, sí desliga la negociación colectiva de las necesidades reales de las empresas, recuperando la ultraactividad ilimitada y la prioridad de los convenios sectoriales en materia salarial. Una decisión que golpeará los resultados de muchas empresas. Pero todavía mayores consecuencias tendrán los cambios en la contratación temporal. El empeño de Trabajo en fulminar los contratos por obra y servicio impedirá a muchas actividades reconocer vínculos laborales específicos que les permitan adaptarse a la coyuntura. Por si esto fuera poco, da un plazo de entre tres y seis meses a las empresas para rehacer millones de contratos si no quieren sufrir unas sanciones que se elevan injustamente. Y a cambio, se impone los fijos-discontinuos, pese a que sectores como la construcción o la agricultura insisten en que esta fórmula no responde a sus necesidades. El interés del Gobierno no parece otro que sumar un millón de 'falsos' asalariados fijos a las estadísticas.
El encarecimiento del despido que acarrea la reforma es justo lo contrario que el mercado laboral necesita para mejorar
Pero va todavía más allá y eleva el coste de estos contratos pensados para tareas estacionales, como las relativas al turismo, haciendo que las indemnizaciones se calculen sobre la totalidad de los periodos efectivamente trabajados y no sólo el último, como hasta ahora. Esto se traduce en un encarecimiento de los costes del despido, justo lo contrario que necesita el mercado laboral nacional para crear empleo. Y convierte a la reforma en un gran obstáculo para la recuperación de la empleo tras la crisis del Covid.
