El Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2021 elaborado por la Task Foundation sitúa a España en el nivel más alto respecto a los gravámenes a la propiedad de todos los países desarrollados.
En concreto, el think tank norteamericano coloca a nuestro país en segunda posición, solo superado por Italia. El resultado podría haber sido aún peor si no fuera por las reducciones o exenciones de impuestos realizadas por varias autonomías. Es el caso de Madrid, que bonifica al 100% Patrimonio y al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Sin esa aportación, el castigo a la mera tenencia de propiedades llegaría a cotas inaceptables en nuestro país. Así lo indica también el informe que critica que España tenga la lista de impuestos que afectan a la vivienda más larga de toda la OCDE. A pesar de ello, el Gobierno sigue empeñado en penalizar la riqueza y su transmisión. Lo demuestra insistiendo en impulsar la llamada armonización fiscal en tributos como Sucesiones y Donaciones. El mantenimiento del impuesto de Patrimonio es otro ejemplo que refleja el interés del Ejecutivo por mantener una senda fiscal que, además de ser injusta e ineficaz, nos aleja de la que siguen en muchos países de nuestro entorno, que optan con acierto por las rebajas de impuestos para favorecer las inversiones y el consumo. Es más, España tiene el dudoso honor de ser el único país de la UE que cuenta con Impuesto de Patrimonio. Su casi completa extinción en otras economías es la mejor muestra de que es un tributo anacrónico que defienden quienes persiguen la mera posesión de la riqueza. Este tipo de política fiscal que castiga a la propiedad siempre es negativa. Pero es aún más dañina ahora ante la debilidad que ya muestra la recuperación económica en España.
