Los magistrados mercantiles y penales consideran que la Ley Concursal de 2015 criminaliza la gestión empresarial.
Se trata de una crítica acertada, ya que la normativa castiga con penas de cárcel al empresario insolvente por situaciones como no reciclarse o no haber buscado nuevas vías para impulsar el negocio. El Covid y la moratoria a la Ley Concursal, que el Gobierno planea extender, han evitado una aplicación masiva de esta normativa. Pero el fin de la moratoria dará lugar a un aluvión de procesos que podría acabar con el encierro de los directivos por haberse equivocado a la hora gestionar la empresa durante la pandemia. Para evitar tal injusticia, es necesario que la reforma de la Ley Concursal, que el Gobierno ultima, elimine la criminalización del empresario.
