En el marco de la negociación de la reforma laboral, el Gobierno ha presentado una nueva propuesta sobre temporalidad que reconoce que deben ser las empresas, y no los convenios colectivos, las responsables últimas a la hora de fijar el reparto de la temporalidad en su plantilla.
La fórmula aún adolece de numerosos flecos que es imprescindible perfilar para no convertirlo en un lastre para la toma de decisiones. Pero si supone una mejora respecto a las posiciones de máximos esgrimidas anteriormente por Trabajo, y que se articulaban a través de porcentajes que no tenían en cuenta la realidad del tejido productivo español, como advirtieron los empresarios. Al Gobierno le ha costado demasiado reconocer algo que debería ser obvio: el legítimo derecho de las compañías a tomar las mejores decisiones para impulsar y reforzar su actividad económica.