El plan del Gobierno para ayudar a los sectores más afectados por la crisis arroja un balance hasta el momento muy decepcionante.
La iniciativa presentó importantes taras en su diseño, debido al escaso volumen de los recursos que moviliza y al retraso acumulado, respecto a los países de nuestro entorno, en cuanto a su puesta en marcha. Pero, además, su funcionamiento también revela problemas.
Nueve meses después de su aprobación, solo se han liberado dos terceras partes de los 7.000 millones previstos para transferencias a fondo perdido a pymes y autónomos en sectores tan dañados como la hostelería y el turismo. En otras palabras, cerca de dos años después de iniciarse la crisis, unos 2.500 millones esperan todavía asignación pese a que miles de negocios están en situación límite, tras seis oleadas del virus y el auge de los costes a los que hacen frente.
Por si fuera poco, los plazos tampoco ayudan. De hecho, las comunidades autónomas que no hayan ejecutado las ayudas las deberán devolver al Tesoro el 31 de diciembre, salvo en el caso de expedientes pendientes de tramitación, cuyo plazo se extiende al 30 de junio de 2022.
Se trata de una situación inconcebible a la que nunca se debería haber llegado y que parte de la deficiente gestión realizada. Para empezar, el pliego de condiciones para liberar las ayudas es un sinfin de trabas burocráticas repleto de requisitos de difícil cumplimiento. Aunque lo más grave fue la decisión del Gobierno de ceder a las comunidades autónomas la concesión de las ayudas, cuando se debería haber llevado por parte de los ministerios competentes.
Esta política intencionada del Gobierno al lavarse las manos en este capítulo causa un grave daño a miles de pymes y autónomos.